El reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo de fecha 9 de julio de 2018 (sentencia número 1163/2018) viene a poner punto y final a una controversia iniciada a raíz de las diferentes interpretaciones que algunos Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia estaban dando a la inconstitucionalidad, declarada en mayo del año pasado, de los artículos 107.1,107.2.a) y 110.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ("TRLHL").
Recordemos que el Tribunal Constitucional ("TC") en su ya conocida sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017, recogiendo la doctrina sentada en sus anteriores sentencias en relación con las normas forales de Guipúzcoa y Álava, declaró inconstitucionales y nulos los referidos artículos por vulneración del principio de capacidad económica consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución Española ("CE").
A partir de tal declaración, algunos pronunciamientos de nuestros Tribunales Superiores de Justicia ("TSJ"), que hasta entonces habían analizado si el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana ("IIVTNU") podía ser exigido en supuestos donde se había acreditado la inexistencia de incremento de valor, fueron un paso más allá y se posicionaron a favor de la conocida como “tesis maximalista”.