Ofrecemos una visión general de los cambios legales que se esperan en 2024 para que las empresas puedan anticiparse y planificar su impacto.
Desde una perspectiva general, la digitalización y la sostenibilidad son dos grandes temas que afectarán, de manera transversal, a las empresas en 2024.
Destacamos las siguientes claves
Competencia
La Comisión Europea debería empezar a publicar las primeras decisiones en materia de control de subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior, que deberían ayudar a clarificar cuestiones procedimentales y criterios de análisis sustantivo.
Compliance
Las organizaciones tendrán que adaptar, en su caso, sus sistemas internos de información y programas de compliance a las nuevas exigencias legales en materia de protección del informante, diligencia debida en sostenibilidad y facturación electrónica.
Consumo
Previsiblemente se aprobará la ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela.
Digitalización e Inteligencia Artificial
Se espera la aprobación del Reglamento de Inteligencia Artificial y del Reglamento de Ciberresiliencia en los primeros meses de 2024. Además, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) tendrá aplicabilidad directa a partir del 17 de febrero de 2024, aunque algunas de sus disposiciones comenzaron a aplicarse en noviembre 2022.
Energía
Destacamos la eventual aprobación de una orden ministerial para convocar el primer concurso de capacidad de acceso en determinados nudos de la red de transporte, y una orden ministerial para crear un mercado de capacidad.
ESG y Sostenibilidad
Continuará desarrollándose el marco normativo de la Unión Europea y comenzarán a implementarse normas de gran calado, con desafíos y oportunidades que es preciso detectar y explotar. Para ello es esencial una visión coordinada en la empresa de dos normas comunitarias conectadas, la de debida diligencia y la de informes de sostenibilidad. La aprobación de la Directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad ("Directiva CS3D") se espera para los primeros meses del año y la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la directiva sobre información de sostenibilidad corporativa ("Directiva CSRD") antes del 6 de julio de 2024. Es importante que esta transposición se haga en plazo, ya que las empresas de mayor tamaño —y, en particular, las sociedades cotizadas— tendrán que presentar en 2025 su información no financiera de 2024 con el nuevo formato de informe de sostenibilidad y una taxonomía verde completa.
En 2024 se aprobarán, además, reglamentos relevantes sobre proveedores de calificaciones ESG, prohibición de productos elaborados con trabajo forzoso y requisitos de diseño ecológico de productos, así varias directivas para luchar contra el blanqueo ecológico (greenwashing). A nivel nacional, se continuará tramitando la propuesta de Ley de paridad, que ha suscitado inquietud entre las sociedades cotizadas y determinadas entidades de interés público por sus potenciales efectos sobre la composición de sus consejos de administración.
Finalmente, a lo largo del año se irán implementando algunas de las reformas aprobadas en los últimos años. En concreto, los reglamentos comunitarios dirigidos a luchar contra la deforestación, a impulsar el uso de baterías y envases más sostenibles y el Reglamento europeo de bonos verdes.
Financiación y Reestructuraciones
Previsiblemente asistiremos a una consolidación e incremento de los planes de reestructuración preventivos, con mayor anticipación a la crisis por parte de los deudores. Además, se espera la aprobación del Reglamento de la administración concursal y el Reglamento del Registro Público Concursal, llamados a jugar un papel clave en los procesos de crisis concursal y preconcursal. También será el año de aprobación de la nueva Directiva en materia de insolvencia, que iniciará un proceso de adaptación de la regulación concursal para los próximos dos años.
Fiscal
El 2024 se presenta como un año clave para la fiscalidad de las grandes empresas, pues entra en vigor el acuerdo internacional que asegura un gravamen efectivo del 15 % en todas las jurisdicciones donde opere el grupo. Se trata una normativa de especial complejidad tanto técnica como de gestión, y que sin duda será foco de controversias en el medio y largo plazo. Además, durante este año el Tribunal Constitucional posiblemente falle sobre varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas de enorme trascendencia tributaria. Si la sentencia es estimatoria muchas empresas y grupos fiscales podrán recuperar parte del Impuesto sobre Sociedades (IS) satisfecho en los últimos años. Por último, el Gobierno ha prorrogado a 2024 el Impuesto sobre las Grandes Fortunas (ISTGF), y se han aprobado en las últimas semanas medidas fiscales autonómicas diversas en respuesta a este impuesto.
Industria
Se prevé la aprobación de una nueva ley de industria que sustituya a la vigente de 1992.
Inmobiliario y Urbanismo
Los contratos de arrendamiento de vivienda existentes se seguirán viendo afectados por la limitación de la actualización anual de la renta. Asimismo, en las zonas que se declaren de mercado residencial tensionado, habrá un control de los precios del alquiler de los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda. En el ámbito urbanístico, se espera que se impulse la modificación de la Ley del Suelo para reforzar la seguridad jurídica e impulsar la sostenibilidad.
Laboral
Las empresas deberán hacer frente a algunos cambios normativos y judiciales que podrían tener gran impacto, entre otros: (i) el incremento de los costes salariales debido al aumento del SMI para 2024 y a la aplicación de las cláusulas de actualización salarial vinculadas, en convenio colectivo, a la tasa de inflación anual acumulada; (ii) la reducción de la jornada laboral máxima prevista legalmente sin reducción salarial (de 40 a 38,5 horas semanales en 2024); (iii) la obligación de mayor transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales, debido a la transposición de la Directiva 2019/1152; (iv) el incremento de obligaciones empresariales en relación con los estudiantes en prácticas, dada la previsible aprobación del estatuto del becario; (v) la posible revisión de la cuantía de la indemnización por despido improcedente y del procedimiento de comunicación del despido individual; y (vi) el cumplimiento de las diversas obligaciones legales encuadrables en materia de ESG (igualdad y diversidad, conciliación, etc.).
Litigación y Arbitraje
Las medidas de eficiencia digital y procesal recientemente aprobadas mediante el RDL 6/2023 introducen la realización electrónica del primer emplazamiento para las empresas, así como otras medidas relevantes. El RDL 6/2023 se tramitará como proyecto de ley, por lo que habrá que estar atentos a modificaciones. Es posible que se proceda a la tramitación de la regulación relativa a los denominados "MASC" (Medios Adecuados de Solución de Controversias), que el proyecto de eficiencia procesal preveía como requisito de procedibilidad y que, sin embargo, han quedado fuera del RDL 6/2023. Por otra parte, se ha aprobado el procedimiento testigo para determinados supuestos, y se espera que se trasponga la Directiva de acciones de representación.
En materia de arbitraje, el nuevo Reglamento de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) será aplicable a toda solicitud de arbitraje internacional presentada a partir del 1 de enero de 2024.
Mercado de Capitales
Además de las cuestiones apuntadas en el apartado de "ESG y Sostenibilidad" esperamos la culminación del desarrollo reglamentario de la Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión aprobada en 2023; en concreto, las novedades en materia de OPAs y la regulación sobre la representación de valores mediante tecnología de registro distribuido (TRD).
Protección de datos
Desde enero de 2024, deben aplicarse los nuevos criterios en materia de cookies que ha fijado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Por otra parte, ya está en vigor la Data Act, que alcanza tanto a datos personales como no personales, aunque no será aplicable hasta 2025.
Regulación financiera y de seguros
Las entidades financieras deberán adaptarse durante este año a las nuevas obligaciones en materia de ciberseguridad establecidas en el Reglamento europeo sobre resiliencia operativa digital del sector financiero (DORA), aplicable a partir de enero de 2025. Asimismo, en 2024, veremos el desarrollo de importantes marcos normativos, como la futura Directiva de servicios de pago (PSD3) o el desarrollo del marco regulatorio de criptoactivos establecido en el Reglamento MiCA. Finalmente, como hemos apuntado en el apartado de "Mercado de Capitales", podría aprobarse el desarrollo reglamentario necesario para el uso de la tecnología blockchain en el ámbito de los mercados de valores españoles. Finalmente, en el ámbito de la gestión de activos, veremos el impacto de la regulación FILPE 2.0 y la modificación en la regulación de inversión colectiva, especialmente en las IIC de inversión libre.
Sociedades
Aparte de las novedades señaladas en los apartados de "Compliance" y "ESG y Sostenibilidad" en relación con el informe de sostenibilidad, la Directiva CS3D y la Ley de Paridad, no se esperan modificaciones legales relevantes en materia de derecho de sociedades en España. Sí será relevante el seguimiento de los criterios registrales en la aplicación práctica de las nuevas reglas aprobadas en 2023 para las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Asimismo, los administradores al cierre de los ejercicios 2023 y 2024 han de tener en cuenta las reglas de la llamada "moratoria societaria" para determinar si la sociedad se encuentra en causa de disolución por pérdidas graves.