El reconocimiento de la posibilidad de justificación de la fiabilidad del licitador (...)

Las prohibiciones de contratar se configuran como una institución de salvaguarda frente a los posibles motivos de desconfianza o de falta de honorabilidad que pudieran presentar los futuros contratistas que pretendieran contratar con una entidad a la que le resulte de aplicación el régimen de contratación pública, derivada de que hayan manifestado una pérdida de su honorabilidad contractual, hayan infringido la ley o incumplido algún contrato.

Tradicionalmente se han venido situando entre una dimensión sancionadora y otra de protección de la fiabilidad del contratista, si bien es cierto que esta última es la que realmente define su naturaleza siendo la que con mayor encaje se ha ido alineando con el Derecho europeo pues, como recoge la STJUE de 24 de octubre de 2018 (asunto C-124/17), «esta facultad de que dispone todo poder adjudicador de excluir a un licitador de un procedimiento de contratación pública tiene esencialmente como razón de ser permitirle apreciar la integridad y la fiabilidad de cada uno de los licitadores […] tiene como sustento un ingrediente esencial en la relación del adjudicatario del contrato con el poder adjudicador, a saber, la fiabilidad del primero, sobre la que se funda la confianza que el segundo deposita en él».

Ver artículo completo en: Actualidad Administrativa, nº 9/2023 (marzo).