La carga de la prueba sobre el modelo de prevención penal a raíz de la reciente STS de 8 de abril

A través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, cuya entrada en vigor se produjo el 23 de diciembre de 2010, se introduce por primera vez la responsabilidad penal de la persona jurídica (contrario a la tradicional institución latina societas delinquere non potest). Desde entonces, e incluso antes con el anteproyecto y proyecto previo, se ha venido discutiendo por parte de la doctrina acerca de si la persona jurídica puede delinquir por sí sola (sistema de auto-responsabilidad), o si, por el contrario, respondería por un sistema de transferencia y por un hecho cometido por un tercero (sistema de hetero-responsabilidad), ya sea el administrador de hecho o derecho de la sociedad, su representante legal, o el empleado. También se ha discutido sobre la particularidad de los dos títulos de imputación que se establecen en el art. 31 bis 1 y 2 CP, y sus consecuencias respecto del déficit de control y/o supervisión.