La respuesta española a la Ley Helms-Burton

Por Pedro Llorente

Hace veintidós años, el Congreso de Estados Unidos aprobó la iniciativa del entonces presidente Bill Clinton, la conocida Ley de la Libertad o ley Helms-Burton, que reforzaba el embargo estadounidense a Cuba. La ley, que generó inmediatamente un conflicto político y comercial con la protección de intereses de diversos países y sus empresas en la isla como centro del debate, tenía una nota novedosa respecto a las que hasta entonces se habían aprobado por Washington respecto a las relaciones con Cuba: su extraterritorialidad. Era aplicable más allá de las fronteras estadounidenses a cualquier persona física y jurídica, con independencia de donde tuvieran su domicilio o sede social, que se hubieran lucrado (“traficado”) con los bienes cuya propiedad había sido confiscada por el régimen de Fidel Castro.

Además, la aplicación extraterritorial de su Título III habilitaba a cualquier nacional norteamericano o sus herederos o sucesores —incluso a personas de nacionalidad cubana en origen y nacionalizados norteamericanos con posterioridad a la fecha de incautación— a interponer demandas en los tribunales federales norteamericanos.

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