Actuaciones inspectoras y delitos contra la Hacienda Pública: algunas cuestiones de interés

En todo estado democrático de derecho, el derecho penal debe circunscribirse a la tipificación y sanción de las conductas más graves que afecten a los  bienes jurídicos más importantes, de modo que  otras acciones u omisiones habrán de ser reprendidas en otros ámbitos (singularmente con arreglo al derecho administrativo sancionador) o serán incluso toleradas. Es el principio de última ratio, último recurso o intervención mínima del derecho penal, que se proyecta principalmente sobre los poderes públicos (en particular, sobre el legislativo).

Pocos podrán negar que la elusión consciente y buscada de la declaración y pago de las obligaciones tributarias, cuando menos en cantidades significativas, constituye una conducta que debe ser sancionada por el derecho penal (trascendiendo de lo meramente administrativo), como así ocurre en el derecho español, en tanto que implica un ataque a un bien jurídico que debe ser especialmente protegido, que es el patrimonio de la Hacienda Pública (con el que se atienden, entre otros, los gastos que generan los servicios públicos como la educación, la sanidad, las infraestructuras, etc.) y que afecta además a los principios de igualdad ante la ley, leal competencia y, por encima de todo, a los valores y mandato consagrados en el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Ver artículo completo en: Forum Fiscal, nº 290/2022 (octubre). Editorial La Ley.