El Decreto plantea cambios en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene como objetivo principal fortalecer el control estatal sobre las industrias estratégicas del sector energético, buscando asegurar la soberanía energética y el acceso universal a la electricidad como un derecho humano.
Esta Reforma modifica diversos principios y estructuras estatales originalmente establecidas en la denominada Reforma Energética de 2013, buscando reestablecer la predominancia del Estado sobre las actividades estratégicas.