Hacia una simplificación de la sostenibilidad y la inversión

En su discurso en el Foro de Davos del mes de enero la Presidenta de la Comisión Europea destacó la necesidad de que Europa “cambie de marcha” en un contexto de “dura competencia geoestratégica”; una necesidad que se ha intensificado a la luz de los últimos acontecimientos. En las semanas siguientes, la Comisión presentó su plan de acción para los próximos cinco años   —el EU Competitiveness Compass— y el programa de trabajo para 2025, definiendo una “hoja de ruta” ambiciosa con un calendario de actuación ajustado.

En su sesión del pasado 26 de febrero, la Comisión comenzó a implementar su plan de acción aprobando:

• Varias propuestas de simplificación normativa en el ámbito de la sostenibilidad y de los programas de inversión europeos.
• Su propuesta de estrategia a corto plazo para que la industria de la UE recupere su competitividad mientras se descarboniza —el Pacto Industrial Limpio— junto a un Plan de Acción de Energía Asequible para hacer frente a los elevados precios y costes energéticos para los hogares y la industria.

Medidas de simplificación para potenciar la competitividad

“La carga regulatoria se ha convertido en un freno para la competitividad de Europa”. La complejidad y duración de los procedimientos administrativos y de obtención de permisos hacen que la UE sea menos atractiva para la inversión que otras regiones. Por ello, la Comisión propone en su plan de acción:

• Reducir, a través de distintas normas ómnibus, las obligaciones generales de información de las empresas en un 25 %, elevando este umbral hasta el 35 % en el caso de las PYMES.
• Simplificar y agilizar los procedimientos para acceder a los fondos de la UE y obtener decisiones administrativas.
• Utilizar formatos digitales y estandarizados, siempre que sea posible, e impulsar una nueva herramienta — el “European business wallet” — para digitalizar la interacción entre las empresas y las administraciones públicas.

En la Comunicación “A simpler and faster Europe” detalla su estrategia para mejora la aplicación de la normativa europea, simplificarla y reducir las cargas administrativas, y aclara que la reducción de cargas burocráticas (“red tape”) no se limitará a los requisitos de información.

Propuestas que integran el primer paquete normativo de simplificación

El 26 de febrero, la Comisión aprobó una propuesta de paquete normativo para ejecutar dos medidas de simplificación incluidas en su programa de trabajo para el primer trimestre de 2025: la Ómnibus I y la Ómnibus II. La primera se centra en la simplificación en materia de información y debida diligencia en el ámbito de la sostenibilidad, y en la revisión de los requisitos del mecanismo de ajuste de frontera por carbono (“CBAM”, por sus siglas en inglés). La segunda, en la simplificación de la inversión. En adelante, la “Propuesta”.

La Propuesta, que la Comisión ha solicitado al Parlamento y al Consejo que sea tramitada de forma prioritaria, incluye:

• Una directiva que retrasaría la aplicación de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (2022/2464/UE) — la “Directiva CSRD”— y la Directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad (2024/1760/UE) — la “Directiva CS3D”.
• Una directiva que modificaría determinados requisitos de los informes de sostenibilidad y de la debida diligencia reformando la Directiva CSRD, la Directiva CS3D, la Directiva Contable (2013/34/UE) y la Directiva de Auditoría (2006/43/CE).
• Un acto delegado que modificaría el Reglamento Delegado 2021/2178/UE (la norma técnica del art. 8 del Reglamento de Taxonomía), el Reglamento Delegado de la taxonomía climática (2021/2139/UE) y el Reglamento Delegado de la taxonomía no climática (2023/2486/UE).
• Un reglamento de modificación del Reglamento del Mecanismo de Ajuste de Frontera por Carbono (CBAM) (2023/956/UE).
• Un reglamento de simplificación de los programas de inversión europeos.

 Aspectos clave de la Propuesta

• Simplificación de la información de sostenibilidad

El objetivo es reducir los requisitos de información para las empresas sujetas a la Directiva CSRD y los efectos colaterales que el cumplimiento de esta normativa tiene sobre otras compañías de menor tamaño. Alrededor de un 80 % de las compañías afectadas por la Directiva CSRD dejarían de estar sometidas a esta normativa.

Para más detalle, véase Legal Flash | Hacia una simplificación de la información de sostenibilidad. 

• Modificación de la Directiva CS3D

El objetivo es:

• Dar más tiempo a los Estados y empresas para transponer la directiva y preparar sus sistemas de gestión de riesgos.
• Reducir las cargas administrativas y costes para las empresas, minimizando así el impacto para la competitividad de las empresas europeas frente a otras regiones que aún no tienen normas similares.
• Reforzar la armonización del estándar de conducta establecido en la Directiva CS3D para asegurar una mayor uniformidad en su transposición y alineación con la Directiva CSRD.

Para más detalle, véase Post | Ómnibus I – Propuesta de modificación de la Directiva CS3D. 

• Revisión del CBAM

El CBAM es un instrumento de ajuste de precios que trata de mitigar el denominado riesgo de “fuga de carbono”; el traslado de la producción de empresas con sede en la UE a países con políticas climáticas menos estrictas o la sustitución de productos de la UE por importaciones con una huella de carbono más elevada.

La Propuesta introduce cambios significativos en su regulación para simplificar los procesos para las empresas importadoras y reducir la burocracia. Destaca la exención para las empresas que importen menos de 50 toneladas anuales de productos sujetos al CBAM, que beneficiará principalmente a las PYMES y a los importadores ocasionales. La Comisión estima que esta medida eximiría al 90 % de las empresas previamente afectadas por las obligaciones del CBAM, aunque seguirá cubriendo el 99 % de las emisiones de CO2. 

• Simplificación del uso de varios programas de inversión

La actual estructura de financiación de la economía europea dificulta la creación y crecimiento de las start-ups que impulsan la innovación disruptiva, y la inversión en la transición ecológica. Por este motivo, la Comisión quiere movilizar más inversión privada y revisar el uso de fondos públicos para que las empresas cuenten con el capital necesario para afrontar la doble transición (digital y verde).

La Propuesta modifica varios reglamentos para simplificar y optimizar el uso de varios programas de inversión, incluidos el InvestEU, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y los instrumentos financieros heredados.