La duración de las concesiones portuarias

Por Eva Velasco, asociada de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Artículo publicado originalmente en El Mundo.

Desde la entrada en vigor de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de Puertos de les Illes Balears, mucho se ha hablado y escrito sobre la duración del plazo concesional de las concesiones que se encontraban vigentes en el momento de aprobarse dicho texto normativo.

De un lado, la Ley de Puertos mimetizaba el contenido de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, estableciendo, en su Disposición Transitoria Séptima, que las concesiones que estaban vigentes y que habían sido otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley de Costas, vencían de acuerdo con lo que se preveía en dicha norma estatal. Es decir, que se estaban limitando títulos concesionales otorgados antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas a 30 años como máximo. Así las cosas, ninguna concesión portuaria en las Illes Balears podía prolongarse más allá de 2018. Cabe decir que numerosas concesiones de puertos que no eran de interés general se amparaban en títulos concesionales que extendían sus efectos por un período mucho más prolongado.

La vinculación de los plazos concesionales a un límite máximo de 30 años iba acompañada de una suerte de derecho de opción: así, los concesionarios podían decidir mantener la concesión hasta 2018 en las mismas condiciones fijadas en su título concesional, o bien acogerse a una novación concesional, que les salvaba de tener que acudir a un procedimiento sometido a concurrencia y que les permitía obtener un nuevo título por treinta años pero modificando las condiciones económicas de la concesión administrativa -lógicamente, incrementando significativamente los cánones pagaderos a la Administración autonómica-.

Ante esta situación, los concesionarios optaron por alguna de las dos alternativas. Y lo hicieron en base a la información de la que disponían y a las reglas de juego establecidas por el legislador.

Pero hete aquí que el legislador estatal ha irrumpido en escena, quebrando el frágil equilibrio de la regulación en su día aprobada hará inversiones allí donde ellos las hagan. Ésta es una manera efectiva de incentivar la renovación turística sin tener que subvencionar a nadie.

Hasta ahora, con el Partido Popular, se han legalizado 2.959 plazas, lo que supone unos ingresos de 14.791.477,63 euros, que se destinarán íntegramente a la mejora de nuestra competitividad. Es muy buepor el parlamento autonómico. Al menos, eso es lo que parece a tenor del texto del proyecto de Ley de Costas aprobado en el Congreso y que está en tramitación en el Senado. Aunque, claro está, como todas las cuestiones relevantes -y el plazo máximo de las concesiones en puertos que no son de interés general lo es- está siendo ampliamente debatido y está sufriendo importantes modificaciones en las sucesivas fases de tramitación.

En la primera redacción del Proyecto no se hacía expresa mención a las concesiones portuarias de instalaciones no declaradas de interés general. Así, como algunas leyes autonómicas -entre las que se encuentra la balear- regulaban los plazos máximos de duración de tales concesiones por remisión a la Ley de Costas, la modificación de ésta, en sus iniciales términos, nos llevaba necesariamente a la conclusión que los títulos concesionales podían extenderse hasta un máximo de 75 años, dando cobertura a los plazos de duración de la mayoría de títulos concesionales que en el año 2005 habían sido -en cierto modo- mutilados.

Esto quedó parcialmente corregido por la redacción de la modificación de la ley resultante de la tramitación en el congreso. Actualmente, tras la tramitación de na noticia. Recordemos que en la Pacte de Progrés se legalizaron 800 plazas, lo que supuso una escueta sólo tres millones de euros.

Las cifras hablan por sí solas. El espectacular incremento de legalizaciones se debe a la buena gestión de la Conselleria de Turismo y Deportes que aprobó hace un año las nuevas condiciones de pago para las empresas que quisieran legalizar las plazas turísticas. En concreto, se posibilitó el pago fraccionado hasta cuatro plazos y se eliminó la exigencia de tener que disponer de un aval del 125% de su valor. Además, la nueva Ley de Turismo amplió el plazo del pago en dos años, de febrero de 2012 a febrero de 2014.

La comisión técnica ya ha aprobado la inversión de cerca de 8,5 legislatura del recaudación de las correspondientes enmiendas en el Senado, parece que el resultado va a ser que estos puertos van a tener, con carácter general y en cuanto a duración máxima de las concesiones, el mismo régimen que los puertos de interés general.

Sabemos que el Ejecutivo balear está elaborando una modificación de la Ley de Puertos de las Illes Balears. Según la intervención del conseller de Turismo y Deportes en la sesión parlamentaria del pasado 9 de abril, entre los objetivos de dicha ley no está, o al menos no lo hizo constar, abordar esta cuestión esencial para las relaciones del Ejecutivo con los concesionarios. Si, como anunció, en breve se inicia la tramitación parlamentaria de la modificación de la Ley Balear de Puertos, entendemos que sería ése un buen momento para abordar este asunto no exento de polémica.

millones de euros del dinero recaudado en 13 proyectos repartidos por toda Mallorca: reparación y mejora de la red cicloturística de Mallorca, la remodelación de la avenida Magalluf, la mejora en los accesos y espacios públicos de la Playa de Palma y de Cala Major, el carril bici desde Calonge hasta el campo de futbol de Cala d'Or, instalaciones deportivas en la Colònia de Sant Jordi, pabellón de acogida para turistas y actuaciones complementarias en el Parque Arqueológico del Puig de Sa Morisca, remodelación de la calle Eucaliptus en Calvià, remodelación de la calle Llampuga en Felanitx, enlace para peatones entre las playas Palmira y Tora, semipeatonalización de la carretera MA2220 en Pollença, adecuación de los baños de Santa Ponça y evacuación de pluviales de la avenida Primavera en Ses Salines.

Gracias a la iniciativa de este Govern, se ha disminuido la oferta ilegal, pero sobre todo se ha empezado de manera efectiva a rehabilitar las zonas maduras de nuestra isla para poder ofrecer más calidad y ser más competitivos.

Photo credit: Stuck in Customs / Foter.com / CC BY-NC-SA