Breve resumen ejecutivo sobre las principales novedades legales para 2022 en España
Claves
> Plan de Recuperación y Resilencia. Se prevé la presentación de una adenda al Plan de Recuperación que permita movilizar los créditos previstos en la asignación a España, y la aprobación de nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) en el ámbito de la lengua española, la economía de los cuidados, el sector aeroespacial y la cadena agroalimentaria.
> Sociedades. Las sociedades deben tener en cuenta (i) la oportunidad de regular estatutariamente la celebración de juntas telemáticas, (ii) las potenciales limitaciones a la distribución de dividendos, así como (iii) la introducción de medidas tendentes a potenciar la tecnología digital para otorgar diversos actos y negocios y a fomentar las empresas emergentes de carácter innovador.
> Reestructuraciones e insolvencias. La aprobación del proyecto de ley de modificación de la Ley Concursal supondrá un cambio significativo en las operaciones de reestructuración temprana, que podrán beneficiarse de instrumentos pre-concursales más ágiles y flexibles, y facilitará, asimismo, la venta de unidades productivas.
> Environmental, social and corporate governance (ESG). La futura Ley de residuos y suelos contaminados incorporará limitaciones al uso de plásticos de un solo uso, nuevos impuestos sobre los envases de plástico no reutilizables y sobre residuos en vertedero, así como nuevas obligaciones en materia de suelos contaminados. A nivel de la UE, continuará desarrollándose la taxonomía y ampliándose a nuevos sectores. Asimismo, se prevén medidas - tanto a nivel internacional como comunitario- para mejorar la comparabilidad de los informes de sostenibilidad y establecer un estándar europeo de debida diligencia y responsabilidad corporativa por los impactos de las empresas en los derechos humanos y el medioambiente.
> Mercado de capitales. Continuará la tramitación del anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión y de sus tres reglamentos generales de desarrollo. Entre otros, el anteproyecto propone desarrollar el régimen de las Empresas con Propósito Especial de Compra (SPAC). Se espera que, en 2022, se apruebe también el primer código de buenas prácticas para los inversores de las sociedades cotizadas (stewardship code).
> Regulación financiera. A nivel comunitario, se espera la aprobación de tres reglamentos; (i) el Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA), (ii) el Reglamento Europeo de relativo a los Mercados de Criptoactivos (MiCA), y (iii) el Reglamento del régimen piloto de las infraestructuras de mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado. A nivel nacional, está previsto que (i) el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas introduzca novedades en materia de capital-riesgo e inversión alternativa y que se apruebe (ii) una modificación del Reglamento de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
> Contratos. La cláusula rebus sic stantibus se postula como el principal instrumento jurídico para instar reequilibrios de relaciones contractuales afectadas por los desafíos a los que se enfrentará la economía este 2022. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolverá sobre el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción de las acciones de restitución ligadas a la declaración de nulidad contractual.
> Contratación y relaciones con consumidores. Las empresas que comercializan productos o servicios dedicados al comercio minorista deben conocer las importantes modificaciones incorporadas en la contratación y en las relaciones con consumidores que amplían sus derechos y que han entado en vigor este pasado 1 de enero de 2022, así como las que entrarán en vigor el próximo 28 de mayo de 2022.
> Inmobiliario y Urbanismo. La futura Ley por el derecho a la vivienda podría tener un impacto relevante en este sector al incorporar sistemas de contención de rentas, penalizar las viviendas desocupadas, ampliar el concepto de persona vulnerable en los procedimientos de suspensión de desahucios e incrementar la reserva de vivienda protegida. Recientemente, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el primer informe sobre el anteproyecto de esta ley.
> Inversiones exteriores. Se espera que el proyectado Reglamento de Inversiones Extranjeras aporte mayor seguridad jurídica en materia de autorización previa de inversiones extranjeras directas de no residentes en la Unión Europea o en la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) al ayudar a definir los sectores estratégicos o las inversiones sujetas por perfil del inversor.
> Competencia. Los cambios más relevantes en 2022 vienen de la mano de una oleada de reformas a textos normativos y legislativos tanto a nivel europeo (con la revisión del régimen de acuerdos verticales y horizontales, o la adopción del Digital Markets Act) como nacional (con una nueva reforma de la Ley de defensa de la Competencia y el Reglamento de Defensa de la Competencia), y la adopción de comunicaciones que ordene la actuación de la Comisión Europea (sobre la definición del mercado relevante a efectos de la normativa de competencia de la Unión Europea) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en materia de celebración de vistas ante el Consejo o de cuantificación de daños derivados de ilícitos anticompetitivos).
> Fiscal. La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha introducido una tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades para los ejercicios que se inicien a partir de 2022; a efectos prácticos, afectará a las empresas y grupos fiscales que deseen aplicar deducciones por inversiones y por actividades económicas. Por otra parte, en principio en 2022 se concretará normativamente el acuerdo internacional sobre la tributación global mínima de los grandes grupos multinacionales, pues su entrada en vigor se ha previsto para el año 2023.
> Laboral. Las empresas deberán seguir gestionando el impacto de la pandemia en las relaciones laborales; la prevención de riesgos, el teletrabajo, la vacunación y la protección de datos y los posibles ajustes que haya que realizar por el devenir de los acontecimientos, ya sea prorrogando los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o implementando nuevos, o incluso adoptando otras medidas de reestructuración. Al mismo tiempo, la reciente reforma laboral ha introducido importantes modificaciones que exigirán a las empresas la adaptación de la gestión de sus relaciones laborales al nuevo esquema normativo.
> Propiedad intelectual, industrial y servicios audiovisuales. Se prevé la modificación de las leyes de marcas, de diseño industrial y de patentes, mediante una ley de reforma que se halla en fase de anteproyecto.
> Litigación civil y arbitraje. Avanza el Plan Justicia 2030 con tres anteproyectos de ley (de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia, de Eficiencia Procesal y de Eficiencia Digital) que supondrán importantes cambios en el ámbito de la justicia a todos los niveles.
> Litigación penal. La Fiscalía Europea, organismo supranacional que se encarga de llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos penales por delitos contra el presupuesto de la UE, comenzará a actuar efectivamente en el 2022. Se espera que esta Fiscalía Europea juegue un papel decisivo en la comprobación de que los fondos distribuidos por la UE en el contexto de la pandemia.
> Energía. La futura ley sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico afectará a las centrales nucleares, hidroeléctricas y parques eólicos anteriores a la creación del mercado europeo de CO2.
> Contratos del Sector Público. La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha incorporado distintas modificaciones a la Ley de Contratos del Sector Público que han entrado en vigor en 2022. Además, este año entran en vigor nuevos umbrales para los contratos públicos sujetos a regulación armonizada (SARA).
> Telecomunicaciones. La futura Ley General de Telecomunicaciones, actualmente pendiente de aprobación por el Pleno del Congreso, tendrá un impacto relevante en este sector al introducir medidas para incentivar la inversión en redes de telecomunicaciones y crear un punto único para la tramitación de permisos para el despliegue de redes.