Prórroga de ayudas a arrendatarios

> Hoy ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (“RDL 11/2022”), que amplía hasta el 31 de diciembre de 2022: (i) la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, cuya vigencia finalizaba el próximo 30 de junio; y (ii) la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional, cuya vigencia finalizaba el 30 de septiembre.

Limitación de la actualización de la renta en los contratos de arrendamiento de vivienda

> Esta medida afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda en los que en el período comprendido entre el 27 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 proceda actualizar la renta por cumplirse la correspondiente anualidad de vigencia y tiene como objetivo que las partes apliquen como mecanismo de actualización el Índice de Garantía y Competitividad (“IGC”) en lugar del Índice de Precios al Consumo (“IPC”).

> La norma distingue entre arrendadores grandes tenedores (personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie construida de más 1500 m2 de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros) y arrendadores que no son grandes tenedores.

> En el caso de arrendadores grandes tenedores, el incremento de la renta a aplicar será el pactado entre el arrendador y el arrendatario, que en ningún caso podrá superar el IGC.

> En el caso de arrendadores que no son grandes tenedores, el RDL 11/2022 permite a las partes negociar el importe del incremento, aplicándose, en caso de desacuerdo, el último IGC que estuviera publicado en la fecha de actualización del contrato.

Suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional

> Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento: (i) por impago de alquiler para hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994; y (ii) para quienes habiten sin título una vivienda que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda pertenezca a personas físicas o jurídicas titulares de más de diez viviendas.

> Los arrendadores y titulares de viviendas afectados por la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos tendrán derecho a solicitar, hasta el 31 de enero de 2023, una compensación en determinadas circunstancias.