Revisión crítica de la negativa a modificar los contratos del sector público (...)

Desde la segunda mitad del año 2021, el incremento extraordinario de precios se ha convertido en una problemática generalizada para la ejecución de los contratos del sector público. El alza de precios ha sido tan amplia e intensa en determinados sectores que ha alterado el equilibrio económico de un gran número de contratos públicos hasta el punto de dificultar o imposibilitar su ejecución.

La gravedad de la situación, y la incertidumbre jurídica generada acerca de si se podía afrontar con garantías la situación con los resortes ordinarios de nuestra normativa de contratación (revisión de precios, fuerza mayor, ius variandi, teoría de la imprevisión, resolución del contrato, etc.), llevó al legislador a adoptar una serie de medidas de urgencia para paliar el efecto del incremento de precios, especialmente en el ámbito de los contratos de obras. No obstante, las medidas legislativas que se han adoptado no han ofrecido solución para muchos de los contratistas —articularmente de contratos de suministro y de servicios— involucrados en esta problemática.