Aprobada la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales

Durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana, celebrada el 25 de marzo de 2023, se ha aprobado la denominada Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos digitales, a la que se han adherido 22 países iberoamericanos, incluyendo España, México, Portugal, Andorra o Brasil.

La Carta empieza subrayando la importancia de desarrollar sociedades en las que se respeten digitalmente los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. Sin embargo, reconoce que hay obstáculos como la infraestructura, la educación, la inversión o la desigualdad entre países en desarrollo y desarrollados.

A través de diez reivindicaciones, la Carta insiste en el peligro que supone el uso de nuevas tecnologías en tanto que pueden potenciar desigualdades preexistentes entre colectivos como los de la gente de avanzada edad, las mujeres o las personas con discapacidad, y de los riesgos que comporta para niños y adolescentes. La Carta reitera numerosas veces la necesidad de elaborar políticas públicas que contemplen sus consecuencias sobre distintos grupos de ciudadanos y que se potencie la educación y formación tecnológica en los grupos más desfavorecidos. También resalta el papel fundamental que tiene la privacidad y la ciberseguridad en esta transformación, conceptos clave para no permitir abusos contra personas vulnerables y proteger la salud mental de los ciudadanos, especialmente de adolescentes.

Asimismo, se menciona que la revolución digital ha generado nuevas maneras de participación social, económica y política, por ejemplo, a través de redes sociales o del comercio electrónico. Si bien estas plataformas tienen aspectos muy positivos, si no se regulan y potencian correctamente, pueden ser un foco de desinformación y de retraso en el desarrollo comercial de las regiones que no tienen acceso a estas herramientas.

Aunque esta carta tenga carácter declarativo y no vinculante, es una herramienta a tener en cuenta por los legisladores de los estados firmantes a la hora de regular cuestiones digitales. No obstante, dada la velocidad con la que evolucionan las tecnologías, es necesario que los poderes públicos revisen constantemente estas iniciativas para tenerlas siempre actualizadas con la última versión.