El TSJPV resuelve que el método FIFO no se aplica a criptomonedas

La cuantificación de la alteración de patrimonio —ganancia o pérdida patrimonial— en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con motivo de la transmisión o permuta de criptomonedas ha planteado dudas relevantes, dada la ausencia de regulación.

Como indicamos en nuestro Legal Flash | Criptomonedas y seguros: nuevas obligaciones de información, para determinar la ganancia o pérdida patrimonial resulta necesario determinar tanto el valor de transmisión como el valor de adquisición del elemento vendido o permutado. En ese documento, indicábamos que el criterio tradicional de la Dirección General de Tributos (DGT) y de las Haciendas Forales ha sido considerar que las criptomonedas de un mismo tipo son valores homogéneos a los efectos de aplicar el conocido como "método FIFO" (First In, First Out o "Primera entrada, Primera salida”) para determinar el valor de adquisición —se pueden consultar entre otras, las contestaciones  V2005-22, V0975-22, HFG 14/10/2022—.

De esta forma, según el criterio administrativo, los contribuyentes que posean un mismo tipo de criptomoneda en diferentes plataformas o cualquier otro tipo de instrumento (por ejemplo, exchanges o casas de cambio, cold wallets o hot wallets) deben considerar que, a efectos del cálculo de la ganancia o pérdida patrimonial en IRPF, las monedas transmitidas son aquellas que adquirieron en primer lugar con independencia de las transmitidas efectivamente.

Para llegar a esta conclusión, las distintas administraciones tributarias han considerado aplicable el precepto que impone el empleo del método FIFO. En este sentido, por ejemplo, el artículo 47.2 de la Norma Foral 3/2014 del Territorio Histórico de Gipuzkoa, del IRPF, establece:

“2. A efectos de lo dispuesto en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior, y de aquellas transmisiones lucrativas de los mismos valores señalados en las citadas letras, cuando existan valores homogéneos, se considerará que los transmitidos por el contribuyente son aquellos que adquirió en primer lugar”.

En muy parecidos términos puede consultarse también el artículo 37.2 de la Ley estatal 35/2006 del IRPF.

Como puede apreciarse, esta regla opera para las letras del apartado anterior del artículo, a las que se remite, y, por tanto, exclusivamente para determinados bienes concretos como son, resumidamente:

• Los valores admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE.
• Los valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE.
• Las acciones o participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva indicadas por la Ley.
• Los valores o participaciones en el capital de sociedades patrimoniales (esta última únicamente en los territorios forales en la actualidad, aunque sería aplicable en el régimen transitorio previsto en territorio común). 

Por su parte, el desarrollo reglamentario de ambas normativas, común y foral, definen qué debe entenderse por "valor homogéneo", en los siguientes términos —artículo 8 del Reglamento del IRPF, aprobado por el Real Decreto 439/2007, o artículo 47 del Reglamento del IRPF, aprobado por el Decreto foral 33/2014—: 

“Concepto de valores o participaciones homogéneos.

A los exclusivos efectos de este Impuesto, se considerarán valores o participaciones homogéneos procedentes de un mismo emisor aquéllos que formen parte de una misma operación financiera o respondan a una unidad de propósito, incluida la obtención sistemática de financiación, sean de igual naturaleza y régimen de transmisión, y atribuyan a sus titulares un contenido sustancialmente similar de derechos y obligaciones.

No obstante, la homogeneidad de un conjunto de valores no se verá afectada por la eventual existencia de diferencias entre ellos en lo relativo a su importe unitario; fechas de puesta en circulación, de entrega material o de fijación de precios; procedimientos de colocación, incluida la existencia de tramos o bloques destinados a categorías específicas de inversores; o cualesquiera otros aspectos de naturaleza accesoria. En particular, la homogeneidad no resultará alterada por el fraccionamiento de la emisión en tramos sucesivos o por la previsión de ampliaciones”. 

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 9 de enero de 2025 (ECLI:ES:TSJPV:2025:41) cuestiona claramente la interpretación que ha seguido la Hacienda Foral de Gipuzkoa (y, por extensión, del resto de Haciendas) al concluir que:

“(...) las criptomonedas malamente pueden subsumirse en el artículo 47.1 de la norma foral y correlativo de su Reglamento, habida cuenta de su novedad en el ordenamiento así interno como de la U.E. (Reglamento 2023/1114); su singularidad, y falta de adaptación de la normativa foral al mercado de estos títulos. (…)

No es que entendamos completamente novedoso el concepto reglamentario de valores o participaciones homogéneos respecto al artículo 47 de la Norma foral del IRPF; sino extraño y, por lo tanto, no aplicable, a las criptomonedas, atendidas las características de estas últimas. Y es que, según expone la parte recurrente, las criptomonedas, no son emitidas como los títulos a que se refiere el artículo 47.1 de la Norma foral del IRPF ni cumplen los otros requisitos señalados por el artículo 47.1 del Reglamento de esa Norma Foral en desarrollo y no “ultra vires” del anterior”.

Lógicamente, este criterio tiene sentido cuando se trata de criptomonedas que no tienen la consideración de valor, pero se deberá ser cuidadoso con determinados activos digitales que sí podrían tener esa caracterización y, por tanto, sí sería aplicable, indiscutiblemente, el criterio FIFO.

Por tanto, siempre se debe analizar el activo objeto de transmisión para determinar sus características, como elemento clave para entender su tributación.

Finalmente, creemos que este no será el último pronunciamiento jurisprudencial sobre esta cuestión controvertida, en la medida en que no se modifique la doctrina administrativa o, preferiblemente para evitar la situación de inseguridad jurídica actual, la normativa del IRPF, estatal y foral.