Sanción a laboratorios clínicos en Portugal

El día 17 de Julio de 2024, la Autoridad de Competencia Portuguesa (“AdC”), sancionó a una asociación de empresas (ANL) y a cinco grupos de grandes laboratorios[1] con un total de € 48.610.000 por acuerdos horizontales restrictivos de la competencia.

Según la AdC, a través de la asociación estos cinco laboratorios y otras dos empresas formaron un cartel en el mercado portugués que tenía dos objetivos principales: por un lado, la fijación de precios de tests de COVID-19 y análisis clínicos, y por otro, el reparto del mercado geográfico de estos dos servicios (tan deseados como indispensables por aquel momento).

De esta forma, los laboratorios conseguían incrementar su poder de negociación con tanto el entorno público como el privado, beneficiando de condiciones comerciales potencialmente más favorables que las resultantes de negociaciones individuales.

La AdC inició la investigación en febrero de 2022 tras recibir una solicitud de clemencia, y en marzo de 2022 llevó a cabo inspecciones sorpresa en las sedes de las empresas implicadas en Lisboa y Oporto.

Durante la investigación, mediante la adhesión al procedimiento de transacción, otros dos grandes grupos decidieron no recurrir la acusación formulada por la Autoridad de la Competencia y procedieron al pago voluntario de las multas impuestas, ascendiendo el importe total a € 8.900.000, lo que consta en dos decisiones de la AdC, de diciembre 2023. Asimismo, las empresas optaron por colaborar activamente con la investigación, proporcionando a la Autoridad pruebas de las prácticas anticompetitivas denunciadas. Una de estas empresas, además, se benefició de una reducción adicional de la multa gracias al programa de clemencia.

La AdC tomó cartas en el asunto, determinando que la asociación y los laboratorios habrían llevado a cabo prácticas colusorias, mediante una estrategia de negociación entre ellos con entidades públicas (SNS-ADSE) y privadas (compañías de seguros) que adquirían sus servicios, y que fueron eventualmente perjudicadas.

Según la AdC, esta no sería la primera vez que estos laboratorios ejercían prácticas colusorias, y desde 2016 habían acordado no aceptar o boicotear reducciones de precios en las negociaciones individuales con el servicio nacional de salud, la ADSE (un fundo de seguridad social de trabajadores públicos) y aseguradoras privadas.

La Autoridad concluyó que la tasa anual de crecimiento del volumen de negocio combinado de estas empresas para análisis clínicos era del 50% en 2020, y llegó a alcanzar el 60% en 2021. Además, el precio de las pruebas PCR a septiembre de 2020 era comparable con el precio medio de los países europeos, pero en junio de 2021, el precio de un test PCR en Portugal era el más alto de la zona euro.

Considerando las múltiples decisiones y las reducciones resultantes del programa de clemencia y transacciones, las empresas fueron sancionadas con un total de €57.5190.000. A la hora de imponer sanciones, la AdC tiene en cuenta sobre todo 3 factores:

• La severidad y la duración del acontecimiento
• El grado de preparación de las compañías para que las prácticas sucedan
• El contexto económico del momento

Este caso confirma la creciente relevancia de los programas de clemencia como herramienta fundamental para que las autoridades de competencia puedan descubrir cárteles, cada vez más sofisticados y ocultos.