Jornada Laboral de cuatro días

El pasado 16 de junio se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la Orden 7/2022, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para el establecimiento de incentivos a la reducción de la jornada laboral a cuatro días o treinta y dos horas semanales y a la mejora de la productividad en las empresas valencianas.

Se trata de una iniciativa pionera en España que persigue tres objetivos fundamentales: promover una mejora duradera de la productividad del trabajo, ampliar las posibilidades de conciliación de la vida familiar, personal y laboral y potenciar el crecimiento económico a la vez que sostenible medioambientalmente.

El propio título de la Orden augura lo que sus bases vienen a confirmar posteriormente: su principal propósito es el aumento de la productividad empresarial. En efecto:

La primera base de la Orden afirma que la finalidad de las subvenciones es el “incremento de la productividad en las empresas”.

• El proyecto se destina a aquellas empresas que reduzcan la jornada laboral de su plantilla en, al menos, el 20%, sin que ello conlleve merma salarial alguna.
• Las compañías que deseen ser beneficiarias de las subvenciones deberán desarrollar de forma preceptiva un “Plan de Reducción de la Jornada Laboral y Mejora de la Productividad” en el que se especifiquen las medidas previstas para optimizar el tiempo de trabajo.

El contenido mínimo de este Plan es extenso y comprende, entre otros extremos, el desarrollo de una memoria justificativa, la definición de parámetros e indicadores para la medición de la productividad y la implantación de un sistema de evaluación y seguimiento; obligaciones que no siempre serán de fácil cumplimiento para las pequeñas y medianas empresas.

Si bien no se enuncia específicamente como una finalidad de la norma, de su lectura conjunta se deduce un latente compromiso con la igualdad de género, al que ya se hace referencia en el preámbulo de la Orden. Lo anterior se desprende de ciertos requisitos exigidos para la aplicación del programa de subvenciones, tales como:

• La participación de mujeres y hombres habrá de ser equitativa en el seno de cada una de las empresas beneficiarias, en relación con la distribución total de su plantilla, permitiéndose un margen máximo de desviación del 10%.
• Las compañías que deseen participar en esta iniciativa deberán contar con un plan de igualdad, independientemente de su tamaño. Esta condición adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que, a la vista de lo establecido en la Orden, la mitad del presupuesto global del programa debe reservarse a empresas con menos de cincuenta personas trabajadoras, que no tienen obligación legal de elaborar un plan de igualdad.

Por otro lado, para aplicar esta reducción de jornada, la norma establece la obligatoriedad de suscribir un acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras, que se sustituirá, en caso de no existir, por los sindicatos más representativos o representativos del sector de actividad al que pertenezca la empresa. Así, el legislador autonómico replica una composición negociadora cada vez más habitual en la normativa laboral.

La iniciativa valenciana no constituye un proyecto aislado, sino que existen compañías que ya han adoptado medidas similares, como Telefónica y su “Jornada laboral flexible bonificada”, tras el proyecto piloto desarrollado como medida tendente a facilitar la flexibilidad y la conciliación de la vida personal y familiar. Cierto es que, en este caso, la norma requiere de la medida que no vaya acompañada de una reducción de la retribución, lo que puede eventualmente tener un efecto desincentivador. De hecho, justamente este motivo es el que, según parece y a pocos días de cerrarse el período de adscripción, ha hecho que sólo un 1% de la plantilla en Telefónica se haya efectivamente presentado voluntario para una reducción de su jornada.

Más allá del impacto positivo que este tipo de medidas puedan tener en la huella de carbono de las empresas, lo que está claro es que su negociación, regulación e implementación requerirá por parte de las empresas de un asesoramiento legal adecuado.