Arbitraje y prejudicialidad penal

El arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos ba­sado en la autonomía de la voluntad de las partes, que acuerdan someter sus diferencias a la decisión de uno o varios árbitros, con exclusión de la jurisdicción ordinaria.

Esta exclusión no es absoluta, ya que el arbitraje se desarrolla en un marco legal, que le otorga validez y eficacia y que implica la intervención los tribunales en determinados procedimientos de apoyo y de control específicamente previstos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje (LA). Así resulta del artículo 7 de la misma: "En los asuntos que rijan por esta ley no intervendrá ningún tribunal, salvo en los casos en que ésta así lo disponga".