El impacto de las solicitudes ECMPO en el desarrollo de actividades costeras

Durante la primera semana de marzo de 2024 se rechazó la solicitud de constitución de ECMPO que alcanzaba 600.000 hectáreas totales en la Región de Aysén, dando un respiro a las industrias con actividades en la zona. 

Las ECMPO fueron incorporadas por medio de la Ley 20.249 el año 2008 (popularmente conocida como “Ley Lafkenche”), y corresponden a espacios marinos delimitados “cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio.”.  Si bien el objeto de su incorporación fue reconocer y proteger los espacios territoriales del borde costero que han sido de uso ancestral por parte de los pueblos originarios, en la práctica su aplicación no ha estado exenta de desafíos. 

Aún cuando los tiempos de tramitación en conformidad a los plazos legales establecidos en la Ley Lafkenche no deberían exceder los 12 meses, algunas tramitaciones han tomado hasta 8 años, impactando los intereses de terceros privados con solicitudes pendientes en el borde costero. Lo anterior ya que, aún cuando la interposición de una solicitud de ECMPO no altera derechos ya constituidos sobre un área determinada, si paraliza la tramitación de aquellas concesiones que se encuentran en trámite hasta que se verifique la existencia o no de uso consuetudinario por parte de los solicitantes. Así, en los hechos, la tramitación de una ECMPO implicaría la suspensión de toda otra solicitud afectando la actividad económica en la zona en el tiempo intermedio.  

Lo anterior es especialmente preocupante si se considera el crecimiento exponencial de ECMPO presentado en los últimos años. Actualmente, SUBPESCA reporta la existencia de 24 ECMPO otorgados, abarcando una superficie de 219.960 hectáreas, y de 82 solicitudes de ECMPO, por 2.687.542 hectáreas, las cuales se concentran principalmente en las regiones de los Lagos y Aysén. 

En mayo de 2023 se presentó un proyecto de ley con el objeto de modificar la Ley Lafkenche, haciéndose cargo del efecto suspensivo de las mismas (limitándolo a un máximo de 2 años), y armonizando y compatibilizando los usos consuetudinarios sobre el borde costero con las demás actividades desarrolladas en las mismas áreas. Con todo, dicho proyecto no tiene urgencia y se encuentra en Primer Trámite constitucional.