Nuevo capítulo en el uso del reconocimiento facial por parte de las autoridades

La tecnología de reconocimiento facial ha sigue generando una gran controversia

Prácticamente un año después de que os hablásemos sobre las propuestas de moratoria para el empleo de reconocimiento facial por las distintas autoridades (que podéis encontrar en este enlace), os traemos los avances que ha habido en este sentido en los últimos meses.

Por un lado, en Estados Unidos, el pasado 10 de mayo, 40 grupos de abogados enviaron una carta abierta demandando una prohibición permanente en el uso del programa de reconocimiento facial de Amazon (“Rekognition”) por parte de las autoridades.

Apenas unos días después, el 18 de mayo, Amazon anunció que extendía la moratoria que comenzó el año pasado y sobre la que os informamos en este blog, de forma indefinida, “hasta próximo aviso”, uniéndose a otros competidores como IBM y Microsoft.

Mientras tanto continúan esperando una regulación federal que no termina de llegar, a pesar de las numerosas propuestas de ley que se han presentado en los últimos meses (por ejemplo, la Ley de justicia de George Floyd en materia policial, la Ley sobre el avance del reconocimiento facial, la Ley de privacidad sobre el reconocimiento facial comercial, la Ley sobre el uso ético del reconocimiento facial de 2020; o la Ley de moratoria de reconocimiento facial y tecnologías biométricas de 2020), obligando a las distintos estados o incluso ciudades a iniciar los trámites para publicar sus propias leyes u ordenanzas sectoriales al respecto (por ejemplo, así lo han hecho Maryland en Alabama, Washington o Portland en Oregón).

Por otro lado, en Europa, el pasado 21 de abril, la Comisión Europea publicó la propuesta de marco jurídico regulatorio sobre inteligencia artificial, cuyos principales puntos os resumimos en esta entrada de blog.

Si bien esta propuesta recoge, en su artículo 5 sección 1(d), la prohibición del uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales o de comprobación del cumplimiento de la normativa, esta prohibición queda exceptuada en los casos en que este uso sea “estrictamente necesario” para encontrar potenciales víctimas (por ejemplo, niños perdidos), prevenir una amenaza inminente y sustancial contra la vida o la seguridad física o un ataque terrorista, o detener, localizar, identificar y perseguir a un criminal o sospechoso de un crimen sancionado con una pena de cárcel o una orden de detención por un plazo máximo de al menos 3 años.

En tales casos pueden utilizarse estos sistemas, siempre y cuando se disponga de una autorización judicial o administrativa previa o esta se solicite durante o después del uso de estas tecnologías en caso de urgencia justificada.

Las excepciones a la prohibición del uso de estas tecnologías con fines policiales, especialmente al dejar la puerta abierta a su uso sin que la autorización judicial o administrativa haya sido aprobada, hacen que sea considerada una prohibición “blanda” y no está exenta de crítica. En este sentido, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, Wojciech Wiewiórowski, si bien da la bienvenida a la propuesta de regulación, ya se ha pronunciado indicando que esta propuesta de regulación no protege convenientemente las libertades civiles de las personas y solicita la adopción de medidas más fuertes y la prohibición absoluta de la utilización de estas tecnologías por parte de las autoridades en espacios públicos.

Hasta que alguna de estas leyes o regulaciones sea aprobada, parece que la autorregulación está siendo el método más efectivo. Os mantendremos informados en este blog de cómo evoluciona esta cuestión.

Autora: Adaya Esteban