La investigación interna, la colaboración con las autoridades y la reparación del daño (...)

Desde que entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio y, posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, hemos asistido a un cambio en las organizaciones, que hasta entonces eran ajenas a la responsabilidad penal. Con la reforma del año 2010, la persona jurídica pasó a ser un sujeto de responsabilidad penal, y no únicamente de responsabilidad a título de responsable civil subsidiario, como hasta entonces.

A lo largo de estos doce años, y sobre todo en sus comienzos, se ha discutido mucho acerca de si la persona jurídica debía responder por un hecho propio o lo hace por un delito cometido por otro (el administrador o el empleado). Posteriormente, con la reforma del Código Penal del año 2015, la discusión se centró en determinar el contenido e importancia de los programas de prevención penal, como mecanismo autónomo para evitar la responsabilidad penal de la empresa. También se ha hablado mucho acerca de un aspecto no mencionado expresamente en el art. 31 bis del Código Penal, pero que sin duda es un elemento integrador de los programas de compliance, como es la  «cultura de cumplimiento».

Ver artículo completo en: La Ley Compliance Penal, nº 11/2022 (octubre).