Situación a junio de 2021
Las incertidumbres que todavía acechan en muchos sectores y a muchas empresas como consecuencia de las dudas sobre la evolución de la pandemia, el fin de las restricciones sanitarias y la superación de sus efectos negativos en el mercado, hacen muy complejo determinar qué plantilla va a necesitarse en cada momento o, incluso, si se podrá mantener la plantilla actual ante el desconocimiento de si se podrá recuperar el volumen de actividad anterior a la crisis de la COVID-19.
En las mesas de las personas responsables de la Dirección de Recursos Humanos y de la Dirección General de muchas empresas se encuentra, en estos momentos, la difícil decisión de ajustar más o menos, temporal o definitivamente, la plantilla disponible.
Quizá ayude a tomar esta decisión seguir periódicamente la tendencia que se esté registrando en los distintos territorios en materia de reestructuraciones. En este punto, hay dos parámetros que especialmente nos dan, en este momento, la temperatura de las empresas en materia de ajustes de plantilla: por una parte, el número y comportamiento de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y, por otra, el número de despidos que se están realizando.
La apuesta por los ERTE, favorecidos por el Gobierno mediante exoneraciones en las cuotas de Seguridad Social y sus continuas prórrogas -la última hasta 30 de septiembre de 2021, merced al RDL 11/2021-, es un indicador de contención empresarial. No son pocas las empresas que están aún a la espera de saber si podrán aguantar el envite y recuperar la actividad progresivamente; otras, simplemente, están posponiendo medidas adicionales más drásticas y definitivas.
Por el contrario, el incremento del número de despidos, en este contexto, denota que empiezan a ser ineficaces, en muchos casos, las medidas coyunturales fomentadas por el Gobierno (los ERTE y otras medidas de flexibilidad interna frente a los efectos de la pandemia), al haberse convertido -con el transcurso del tiempo- la dificultad económica, productiva u organizativa que afronta la empresa en una causa estructural, insoportable e irreversible para ella.
¿Cómo están evolucionando estos indicadores relativos a los ERTE?
Si echamos un vistazo a los datos oficiales, podemos comprobar que, en el año 2020, más de 1.000.000 de personas estuvieron afectadas por ERTEs gestionados desde el Ministerio. En cuanto a las comunidades autónomas, cabe destacar que, por ejemplo, en Madrid, se gestionaron el año pasado un total de 111.353 expedientes de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de jornada que afectaron a un total de 587.647 personas trabajadoras [1]. Con todo, en 2021 la tendencia es diferente, en enero, los nuevos ERTE afectaron a 12.078 personas; en febrero alcanzaron a 11.848; en marzo descendió abruptamente a 4.576 y, en abril se redujo a 3.832 personas afectadas. Por lo tanto, las cifras han caído drásticamente en esta comunidad autónoma.
Si revisamos la información de Catalunya, podemos observar que, en el año 2020, se llevaron a cabo un total de 130.330 expedientes de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada, afectando a un total de 1.044.763 personas trabajadoras. En cuanto a 2021, los datos arrojan que, en enero, los nuevos ERTE afectaron a 36.144 personas; en febrero, afectaron a 21.773; en marzo, cayeron a 8.250 personas afectadas; y, en abril, solamente se afectaron a 3.118 personas en ERTE.
Por lo tanto, tomando como ejemplo la situación de estos dos territorios, los datos evidencian que, en los primeros meses del año 2021, el número de personas afectadas por nuevos ERTE se está reduciendo de una manera rotunda.
Este final progresivo de los ERTE puede deberse, bien a la recuperación de la actividad y la superación de la crisis o, en cambio, responder a la insuficiente eficacia de la medida ante la evidencia de que las circunstancias que afectan a la empresa tienen una naturaleza no temporal, lo que obliga a acomodar la plantilla de forma definitiva a un escenario distinto a través de medidas más drásticas, como el despido.
Sin embargo, la realidad es más compleja, por la interferencia de las medidas anti-extinciones aprobada por el Gobierno durante esta crisis sanitaria. Esto es, la limitación a los despidos derivados de causas COVID y el compromiso de mantenimiento del empleo derivado del disfrute de exoneraciones de cuota de Seguridad Social, además de la interrupción de la duración de los contratos temporales, van a retrasar algunos meses muchas de las decisiones que puedan acometerse sobre la plantilla. A ello se une la obligación de realizar aportación económica al Tesoro Público que puede encarecer los despidos de personas trabajadoras de 50 o más años, al conllevar obligaciones de pago de entre 60.000 euros y 100.000 euros por cada persona de 50 o más años de edad afectada por la extinción.
¿Qué nos cuentan los registros oficiales sobre despidos?
Un análisis de la información publicada sobre número de despidos colectivos en Catalunya, en todo 2020, revela que se llevaron a cabo un total de 226 despidos colectivos, que afectaron a 7.936 personas trabajadoras, mientras que, en los meses de enero a abril de 2021, es decir, en solo 4 meses, ya se han tramitado 134 despidos colectivos, la mitad que el año anterior, y que se ha afectado a 6.238 personas, es decir, a casi el 80% del total de trabajadores afectados en el año anterior.
Febrero de 2021 ha sido, además, en este territorio, el mes con mayor concentración de despidos en lo que llevamos de año, apreciándose un descenso destacable de extinciones en marzo y abril, coincidiendo quizá con la vigencia de los compromisos de mantenimiento del empleo aún vigentes, la recuperación de cierta actividad tras las duras restricciones sanitarias de la tercera ola de la pandemia, el avance de la vacunación, y a la espera del comportamiento de la demanda de productos y servicios.
No se incluyen los procedimientos que han sido resueltos por el Ministerio de Trabajo y Economía social en la medida que afectan a más de una comunidad autónoma.