¿Qué esperamos en España en 2023? Claves legales para las empresas

Ofrecemos una visión general de los cambios legales que se esperan en 2023 para que las empresas puedan anticiparse y planificar su impacto.

Destacamos las siguientes claves:

• Sociedades. Las sociedades deben tener en cuenta (i) las potenciales limitaciones a la distribución de dividendos, así como (ii) la “moratoria societaria” cuando tengan que determinar si la sociedad se encuentra en causa de disolución por pérdidas graves.

• Inversiones exteriores. Se espera la aprobación de un Reglamento de Inversiones Extranjeras, que aportará mayor seguridad jurídica en materia de autorización previa de inversiones extranjeras directas de no residentes en la UE o EFTA.

• Competencia. Dos Reglamentos comunitarios muy relevantes serán directamente aplicables en 2023: (i) el Reglamento sobre subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior y (ii) el Digital Markets Act o DMA.

• Financiación, reestructuraciones e insolvencias. Las reestructuraciones de deuda y las ventas de unidades productivas podrán aprovecharse de un régimen más flexible introducido por la reforma concursal del 2022, lo que impulsará, sin duda, la formalización de estas operaciones a lo largo del año.

• ESG. A nivel comunitario, continuará (i) la tramitación de la propuesta de Directiva sobre debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial y (ii) el desarrollo de los criterios técnicos que permitirán facilitar, en 2024, información sobre todos los objetivos medioambientales previstos en el Reglamento de Taxonomía. En el ámbito medioambiental, (i) entrará en vigor el nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envase; (ii) continuará la tramitación del Proyecto de Ley de movilidad sostenible y, previsiblemente, (iii) se desarrollará el contenido del informe anual sobre riesgo climático, que deberán elaborar algunas empresas. 

• Laboral. Las empresas tendrán que afrontar distintos retos durante este año como consecuencia de (i) la reforma laboral de 2021, (ii) la gestión de la crisis, (iii) los condicionantes al despido por compromisos asumidos durante la pandemia y por la guerra de Ucrania, y (iv) la introducción de nuevas obligaciones relativas a protocolos y políticas.

• Fiscal.

• Fiscalidad corporativa: se han incorporado dos nuevos gravámenes temporales dirigidos a (i) determinados operadores de electricidad, gas natural, carburantes y gases licuados del petróleo, y a (ii) determinadas entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Asimismo, en el ejercicio 2023 se ha limitado la compensación de BINs en el régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades.
• Fiscalidad patrimonial: se han introducido importantes novedades entre las que destaca (i) la creación de un nuevo Impuesto sobre Grandes Fortunas, (ii) la modificación de la regulación del Impuesto sobre el Patrimonio respecto la tenencia indirecta de bienes inmuebles en España, (iii) el incremento de los tipos aplicables a la base del ahorro del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y (iv) la modificación del régimen de impatriados.
• Fiscalidad internacional: durante el año 2023 los legisladores nacionales están llamados a aprobar la normativa interna de transposición que asegure el gravamen mínimo del 15% de los grandes grupos de empresas.
• Fiscalidad medioambiental: las empresas deberán presentar los correspondientes modelos para autoliquidar los nuevos impuestos medioambientales.

• Inmobiliario y urbanismo. Los contratos de arrendamiento de vivienda se verán afectados por varias medidas como la prórroga de su duración o la limitación de la actualización anual de la renta. Además, en caso de aprobarse el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, se controlarán los precios del alquiler en las zonas de mercado residencial tensionado.
  En materia de urbanismo se prevé la modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (que incorporará novedades importantes en materia de nulidad de los planes urbanísticos) así como la promoción de actuaciones de rehabilitación y construcción de vivienda social en alquiler.

• Contratación pública. Entra en vigor (i) la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público operada por la LGPE 2023, así como (ii) la obligación de notificar las ofertas que se presenten en determinados supuestos, si han recibido subvenciones extranjeras que puedan distorsionar el mercado interior.

• Energía. Se prevé (i) la aprobación de la regulación sectorial del desarrollo de la energía eólica marina y de las energías del mar en España, (ii) la aprobación de una orden para convocar el concurso de capacidad de acceso en la red de transporte de electricidad, y (iii) una nueva Ley de Minas.

• Industria. Se espera la aprobación de una nueva Ley de Industria que sustituya a la actual, así como el desarrollo del PERTE de descarbonización industrial.

• Servicios digitales e inteligencia artificial. Algunas de las obligaciones establecidas en el nuevo Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA) para plataformas en línea y otros intermediarios entrarán en vigor en 2023. Por otra parte, seguirá la tramitación la Propuesta de Reglamento europeo sobre Inteligencia Artificial.

• Protección de datos. Se espera la aprobación, por parte de la Comisión Europea, de una nueva decisión de adecuación para la transferencia de datos personales entre la UE y Estados Unidos.

• Propiedad industrial. Entrará en vigor el Tratado sobre el Tribunal Unificado de Patentes y se avanzará en la tramitación de la reforma del Reglamento y la Directiva en materia de diseños industriales.

• Mercado de capitales. Continuará la tramitación de (i) la futura “ley marco” de los mercados de valores españoles y de los servicios de inversión y de (ii) sus tres reglamentos generales de desarrollo. A nivel comunitario, destacamos la tramitación de las distintas propuestas normativas orientadas a simplificar el proceso de admisión a negociación en los mercados de capitales de la UE.

• Regulación financiera. A nivel europeo, se espera la modificación del Reglamento de Fondos de Inversión a Largo Plazo Europeo (FILPE), así como la aprobación del marco regulatorio aplicable a los criptoactivos. En España, destacan la previsible creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero (que sustituirá a los actuales servicios de reclamaciones de los supervisores financieros), así como la prohibición de la comercialización de CFD entre clientes minoristas. 

• Seguros. A nivel europeo, se espera la modificación de la normativa de Solvencia II para adoptar normas simplificadas y más proporcionadas para determinadas entidades aseguradoras más pequeñas y se avanzará en la cooperación entre supervisores. Asimismo se desarrollará un marco armonizado para recuperacion y resolucion de entidades de seguros.
  

• Litigación y arbitraje. Se prevé la aprobación de las leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital, además de la transposición de la Directiva sobre acciones de representación. Estas normas supondrán modificaciones muy significativas en nuestro sistema procesal. Anticipamos también que avanzará la tendencia de modernización de los acuerdos de protección recíproca de inversiones, nuevos arbitrajes comerciales derivados de la guerra de Ucrania y la posibilidad de reformas legislativas y regulatorias en economías en vías de desarrollo que puedan incidir sobre las inversiones extranjeras. 

• Penal. Con la futura Ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción se fortalecerán los canales de denuncias y previsiblemente se producirán más investigaciones internas.