Proyecto de Ley de Protección del Territorio y Vida Rural

El Proyecto de Ley presentado por el ejecutivo el 26 de julio de 2024 (“Proyecto”), tiene como objetivo regular la planificación territorial y proteger el territorio rural en Chile. En ese sentido, se proponen distintas medidas para proteger a las personas de estafas o ventas irregulares de terrenos donde no se puede construir ni contar con acceso a los servicios básicos y al libre tránsito, así como la pérdida de suelo agrícola que garantice la seguridad alimentaria, buscando evitar la fragmentación de los mismos. 

En ese sentido, el Proyecto identifica problemas de (i) falta de planificación territorial que ha llevado a problemas significativos, como el fenómeno de las parcelaciones rurales, resultando en desarrollos inmobiliarios no planificados y con mínima regulación, generando externalidades negativas y problemas ambientales; (ii) la pérdida de suelos agrícolas debido al desarrollo inmobiliario irregular, afectando la seguridad alimentaria y aumento de conflictos entre asentamientos humanos y actividades agrícolas; (iii) la urbanización descontrolada, causando pérdidas de recursos naturales, fragmentación de ecosistemas y problemas ecológicos graves; (iv) La falta de gestión, que adicionalmente incrementa los costos de administración y dificulta la provisión de servicios por parte de las municipalidades; (v) la normativa actual, que permite la construcción de viviendas en predios rústicos bajo ciertas excepciones, ha llevado a un uso habitacional no regulado: en dicho sentido, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Agrícola y Ganadero (“SAG”) han impartido instrucciones para identificar las situaciones que, en los hechos, pueden dar cuenta de la destinación a finalidades urbanas o habitacionales, infringiendo las prohibiciones del decreto ley N° 3.516 que establece normas sobre división de predios rústicos (“DL 3.516”) y el artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (“LGUC”).

Con la finalidad de solucionar los problemas identificados, el Proyecto busca (i) reconocer y distinguir actividades silvoagropecuarias de las inmobiliarias o habitacionales, otorgando a cada una el tratamiento que le corresponda; (ii) regular los proyectos de parcelaciones para fines preferentemente habitacionales en el ámbito de la LGUC, creando en consecuencia, un mecanismo nuevo dedicado específicamente a la subdivisión para fines inmobiliarios en el ámbito rural, con requisitos claros, que se hagan cargo de la situación antes desarrollada, y complementariamente, mantener la subdivisión predial mínima de 0,5 hectáreas para suelos con destino silvoagropecuario; (iii) modificar la LGUC para crear conjuntos habitaciones rurales, reforzar el mecanismo regular de subdivisión predial de predios con aptitud agrícola, ganadera o forestal del DL 3.516; modificar la ley Nº 18.755 que establece normas sobre el SAG, para ajustarse a los cambios a la LGUC y DL 3.516; y proponer artículos transitorios para generar una adecuada transición entre el régimen actual de subdivisiones y aquel que se establece en el Proyecto, posibilitando una vía de solución para iniciativas particulares de vivienda rural en distintos grados de desarrollo.

Se establece que, durante los 3 primeros años de vigencia de la ley, el propietario que hubiere adquirido el dominio de un predio resultante de una subdivisión certificada conforme al DL 3.516 con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, podrá solicitar la autorización para la construcción de una vivienda unifamiliar, cumpliendo con aquellos requisitos contemplados para los CRR que sean compatibles con el predio individualmente considerado.