El TC analizará la inconstitucionalidad del pago fraccionado del IS

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite las dos cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), y en las que se dilucidará si la disposición adicional 14ª ("DA 14ª LIS")de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS)  sobre la determinación de las cuotas de los pagos a cuenta del IS infringe —o no— el principio de capacidad económica previsto en el artículo 31.1 de la Constitución Española (CE). Las admisiones a trámite de ambas cuestiones de inconstitucionalidad se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 17 de febrero de 2025 (cuestiones de inconstitucionalidad nº 2525/2024 y 2840/2024).

Tal y como recogimos en nuestro Legal Flash | A debate los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, el TSJCV, en dos recursos contencioso-administrativos tramitados bajo la dirección letrada del grupo de Litigación Tributaria de CUATRECASAS, dictó sendos autos de fecha 6 de marzo de 2024 (recurso núm. 1387/2022, ECLI:ES:TSJCV:2024:21A, y recurso núm. 1385/2022), acordando plantear sendas cuestiones de inconstitucionalidad por entender que la DA 14ª de la LIS es contraria al principio de capacidad económica del art. 31.1 CE.

Con la admisión a trámite de estas cuestiones de inconstitucionalidad, el TC se pronunciará por primera vez sobre el fondo de la cuestión controvertida, y que se viene discutiendo por los contribuyentes desde que entró en vigor la redacción de la DA 14ª LIS con su introducción en la normativa reguladora del IS con el Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre (RDL 2/2016).

En efecto, ya en su momento la Audiencia Nacional dictó sendos autos de fecha 14 de diciembre de 2018 (recurso núm. 900/2016, ECLI:ES:AN:2018:2377A, y recurso núm. 908/2016, ECLI:ES:AN:2018:2378A), planteando la inconstitucionalidad y nulidad del RDL 2/2016 —que introducía la DA 14ª LIS— por dos motivos:

• la vulneración del artículo 86.1 CE, y 
• la vulneración del artículo 31.1 CE.

El TC, en sus sentencias número 78/2020, de 1 de julio (ECLI:ES:TC:2020:78) y 101/2020, de 10 de septiembre (ECLI:ES:TC:2020:101) declaró la inconstitucionalidad y nulidad del RDL 2/2016, por la infracción del artículo 86.1 CE, como consecuencia de haberse afectado a un deber constitucional —contribuir al sostenimiento de los gastos públicos— mediante un instrumento normativo no adecuado para ello —un RDL—. Estas sentencias fueron objeto de comentario en nuestro Legal Flash | Declarado inconstitucional el sistema de pagos fraccionados aprobado por el RDL 2/2016.

Al haber estimado las cuestiones de inconstitucionalidad por el argumento formal — infracción del artículo 86.1 CE—, el TC dejó imprejuzgada la cuestión sustantiva o de fondo —infracción del artículo 31.1 CE—.

A raíz del planteamiento procesal diseñado por CUATRECASAS, que está asesorando a decenas de empresas en distintos tribunales y a la experiencia adquirida en asuntos similares hemos podido obtener la presentación de las cuestiones de inconstitucionalidad. En su día fuimos los primeros en denunciar los efectos adversos de las discordancias entre las retenciones y los pagos a cuenta y la cuota final a ingresar en tributos directos, habiendo obtenido la primera sentencia estimatoria del Tribunal Supremo de fecha 18 de marzo de 2000 (ECLI:ES:TS:2000:2184) y también fuimos uno de los pioneros en obtener el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad en relación con el Real Decreto-ley 3/2016 que el TC anuló en parte.

Con la admisión a trámite de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el TSJCV, el TC se pronunciará, por primera vez, sobre la afectación —o no— al principio de capacidad económica como consecuencia de las medidas introducidas por la DA 14ª de la LIS en el pago fraccionado del IS para las empresas con un volumen de facturación superior a los diez millones de euros.

Adicionalmente a los motivos de inconstitucionalidad que ahora van a ser estudiados por el Alto Tribunal existen otros vicios de distinta naturaleza, en función de las circunstancias del caso, que también podrían comportar la estimación de los recursos planteados.

Las consecuencias jurídicas de una eventual sentencia declarativa de la inconstitucionalidad estarán directamente relacionadas con el alcance temporal de sus efectos, que el propio Tribunal establezca. En estos últimos años ha sido habitual que el Tribunal Constitucional limite los efectos de sus sentencias tributarias favorables a los intereses de los contribuyentes solo a aquellas situaciones que se hallen en fase litigiosa al momento de dictarse la sentencia, por lo que es conveniente un adecuado asesoramiento para beneficiarse de los mismos.