La certeza de las normas tributarias

La seguridad jurídica constituye una de las claves de bóveda de nuestro sistema constitucional, situada al más alto nivel por el artículo 9.3 CE. Vincula a todos los poderes públicos (art. 9.1 CE), incluido el legislativo. El principio de seguridad jurídica exige que las normas de Derecho sean claras y precisas, y tiene por finalidad garantizar la previsibilidad de las situaciones y de las relaciones jurídicas. Las normas proyectadas, en trámite de elaboración y aprobación, deben ser dadas a conocer con el tiempo suficiente para que sus destinatarios puedan adaptarse a ellas y proceder a su estricto cumplimiento o, en su caso, situarse legítimamente al margen de su aplicación. Y, si no es así, deben contar con el oportuno régimen transitorio.

En los últimos tiempos asistimos a una abrumadora y precipitada producción legislativa en materia fiscal que por los modos y los tiempos en los que se produce autoriza a preguntarse si nuestro Legislador se está atemperando a los principios de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima y buena regulación.

Ver artículo completo en: El Notario del Siglo XXI, nº 107/2023 (enero/febrero).