España. ¿Qué ha pasado en 2024?

Nuestro equipo de Conocimiento e Innovación ha seleccionado las principales novedades legales de este año 2024 con el objetivo de proporcionar una visión general de estos cambios y facilitar a las empresas su identificación e implementación.

Consumo

Modificación de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios

El art. 20 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios ha sido reformado por la D.F. 1ª del RDL 8/2024, para incluir en los contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento comercial la obligación del comerciante de facilitar al consumidor información clara y comprensible sobre el precio cuando este haya sido personalizado sobre la base de una toma de decisiones automatizada. Igualmente, se establece expresamente que dicha personalización no podrá derivar en incrementos del precio final de venta cuando se produzca un incremento de la demanda en contextos de urgencia, riesgo o necesidad de la persona consumidora (entendida como emergencia de protección civil, en los términos regulados en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil).

Directiva sobre Responsabilidad por Productos Defectuosos

La Unión Europea ha aprobado la nueva directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos (Directiva (UE) 2024/2853) que deroga y sustituye a la anterior de 1985 y cuyo plazo de transposición es hasta el 9 de diciembre de 2026. Tiene como objetivo mejorar la protección de los consumidores y adaptarse a los nuevos desafíos y oportunidades que plantean los avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de los productos digitales y la inteligencia artificial. Ver más

Directiva de Greenwashing

El 6 de marzo de 2024 se publicó la Directiva 2024/825/UE ("Directiva de Greenwashing"), que introduce normas específicas en el derecho de consumo de la UE dirigidas a combatir las prácticas comerciales desleales que inducen a error a los consumidores y les impiden hacer elecciones de consumo sostenible. Ver más

Proyecto de Ley de Atención a la Clientela en España

En 2024 inició su tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela, que pretende garantizar el derecho de los consumidores a recibir una atención de calidad, personalizada y accesible, una de cuyas principales novedades es la reducción de los tiempos de espera para atender las solicitudes de información o reclamaciones de los consumidores (ver más) Actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso, en fase de presentación de enmiendas desde el 18 de marzo de 2024. 

Competencia

Control de concentraciones

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha resuelto la controversia derivada de la reinterpretación del artículo 22 del Reglamento (CE) 139/2004, sobre operaciones de concentración entre empresas. En contra de la opinión de la Comisión Europea, el TJUE ha concluido que el citado artículo no permite que los Estados miembros remitan una operación de concentración a la Comisión Europea cuando la operación no está sujeta a notificación con base en la normativa nacional de control de concentraciones. Ver más

Abuso de posición de dominio

En el marco de la reevaluación de las directrices sobre la aplicación del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohíbe las conductas abusivas de una posición de dominio, el TJUE ha dictado varias sentencias relevantes sobre la materia. De entre ellas, destaca la sentencia del asunto Intel, en la que el TJUE consolidó el cambio interpretativo a favor de un análisis sobre el carácter abusivo de una conducta por una empresa dominante con base en sus efectos sobre el mercado, y clarificó los requisitos del denominado test del competidor igualmente eficiente en dicho análisis. Ver más

Subvenciones extranjeras

El régimen de notificación obligatoria y autorización previa de operaciones de concentración y de procedimientos de contratación que establece el Reglamento (UE) 2022/2560 sobre las subvenciones extranjeras ("FSR", por sus siglas en inglés) se inició el 12 de julio de 2023. Durante el 2024, la Comisión Europea ha llevado a cabo diversas actuaciones en aplicación de dicho régimen, entre las que destacan: la realización de inspecciones domiciliarias sin aviso previo (ver más), el inicio de investigaciones exhaustivas en materia de contratación pública (ver más) o la primera autorización de una operación de concentración sujeta a compromisos conforme al FSR (ver más). 

Además, para facilitar el análisis de las implicaciones del régimen de control que establece el FSR, la Comisión Europea ha publicado un documento de trabajo con el propósito de clarificar aspectos y conceptos relevantes de esta normativa. Ver más

Nuestro Podcast sobre el balance del primer año de aplicación efectiva del régimen de control del FSR está disponible aquí.

Digitalización

La Unión Europea ha aprobado el Reglamento de Inteligencia Artificial —Reglamento (UE) 2024/1689— publicado el 12 de julio en el DOUE, que establece un marco común en la Unión Europea basado en el riesgo. Impone obligaciones a todos los agentes de la cadena de valor de la IA (incluyendo a los que utilicen sistemas de IA para fines profesionales) y sanciones relevantes en caso de incumplimiento. Estas obligaciones serán aplicables con carácter general en agosto de 2026, aunque algunas obligaciones, como las prácticas prohibidas, serán aplicables en febrero de 2025. Las empresas deben comenzar a evaluar sus sistemas de IA (los que ya tengan implementados o los que estén en proyecto), valorar sus riesgos y, en particular, determinar si pueden quedar incluidos entre los que el Reglamento califica de riesgo alto o los que exigen requisitos especiales de transparencia, y tomar las medidas oportunas para cumplir con las nuevas obligaciones que el Reglamento impone. Ver más

La recientemente aprobada directiva sobre responsabilidad por productos defectuosos (Directiva (UE) 2024/2853), comentada en el apartado de Consumo, amplía el ámbito de aplicación material de la responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos al incluir expresamente, entre otros, el software (cualquier sistema operativo, programa informático, aplicación o sistema de inteligencia artificial), los archivos digitales de fabricación o los servicios digitales que se integran o se interconectan con un producto. Ver más

La Unión Europa ha aprobado también el Reglamento de Ciberresiliencia —Reglamento (UE) 2024/2847 del Parlamento Europeo y del Consejo—, publicado en el DOUE el 20 de noviembre de 2024, que establece estándares unificados de ciberseguridad para productos con elementos digitales en el mercado de la UE. Ver más

Energía

Mediante la Resolución de 19 de abril de 2024 de la CNMC se aprueba el procedimiento de conexión de las plantas de generación de biometano con la red de transporte o distribución de gas natural. Ver más

El 14 de mayo de 2024, se publicó en el BOE la denuncia por parte del Gobierno de España del Tratado sobre la Carta de la Energía ("TCE") y su protocolo sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados. Las inversiones realizadas por inversores extranjeros en territorio español y por inversores españoles en otros Estados Contratantes del TCE seguirán beneficiándose de las protecciones del Tratado hasta el 17 de abril de 2045. Ver más

Mediante el Real Decreto 962/2024, de 24 de septiembre, se regula la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en instalaciones ubicadas en el mar. Ver más

La Circular 1/2024, de 27 de septiembre, de la CNMC ha fijado la metodología y condiciones del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Ver más

ESG

Medioambiente

Pilas y baterías.  El Reglamento 2023/1542/UE, que establece requisitos comunes en materia de sostenibilidad, seguridad, etiquetado e información de las baterías y los residuos de baterías, es directamente aplicable en los Estados miembros desde el 18 de febrero de 2024. Ver más  

Aguas. El Real Decreto 1085/2024, que desarrolla la Ley de Aguas y el Reglamento 2020/741/UE, establece la nueva normativa sobre gestión y uso de aguas regeneradas. Ver más

Delitos contra el medioambiente. La nueva Directiva 2024/1203/UE sobre protección del medioambiente mediante el Derecho penal refuerza la utilización de esta jurisdicción como medio disuasorio de la comisión de conductas perjudiciales para el medioambiente y amplía el número de conductas tipificadas como delito contra el medioambiente. Ver más

Diseño ecológico. El nuevo Reglamento 2024/1781/UE instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a productos sostenibles. Abarca una amplia gama de productos y tiene como objetivo principal reducir su impacto medioambiental durante su ciclo de vida. Ver más

Tabaco. El pasado 23 de octubre de 2024 se publicó el Real Decreto 1093/2024, que regula la gestión de los residuos de los productos del tabaco con filtros y de los filtros comercializados para utilizarse con productos del tabaco que contengan plástico y que sean de un solo uso. Ver más

Social

En el apartado de Laboral incluimos una referencia a las siguientes novedades:

• Ampliación de determinados derechos de conciliación. Ver más
• Desarrollo de las medidas LGTBI+ en las empresas. Ver más
• Flexibilidad de los criterios para el registro público de planes de igualdad (ver más y más) y la configuración del registro retributivo (ver más).
• Nuevos permisos relacionados con el cambio climático. Ver más

También cabe destacar la publicación del Reglamento de la UE, por el que se prohíben en el mercado de la Unión Europea los productos fabricados u obtenidos en condiciones de trabajo forzoso. Ver más

En el apartado de Sociedades hacemos referencia a la nueva Ley de Paridad en los Consejos de administración y en la alta dirección que afecta a sociedades cotizadas (ver más) y a determinadas entidades de interés público (ver más).

Informes de Sostenibilidad

España no ha incorporado en plazo la Directiva 2022/264/UE ("Directiva CSRD") —ver más— y el proyecto de Ley continúa tramitándose en las Cortes. Ante esta eventualidad, la CNMV y el ICAC emitieron un comunicado conjunto el 27 de noviembre de 2024 para ofrecer una guía a las entidades sujetas a la Ley 11/2018 que, de acuerdo con la Directiva CSRD, deberían elaborar su información de sostenibilidad de 2024 conforme a esta nueva normativa comunitaria y a los verificadores de dicha información. Ver más

En el mes de abril el Consejo acordó retrasar a junio de 2026 las normas de presentación de la información sobre sostenibilidad específicas de cada sector (ESRS sectoriales) y para determinadas empresas de los terceros países que operen en la UE (ESRS para empresas de terceros países). Ver más

Finalmente, en noviembre de 2024 se anunció la futura aprobación de una normativa ómnibus, destinada a reducir las obligaciones de información de las empresas en materia de sostenibilidad en, al menos, un 25 %. 

Directiva de Debida Diligencia

El 5 de julio de 2024 se publicó la Directiva 2024/1760/UE ("Directiva CS3D") que establece el deber de la empresa de prevenir, mitigar, corregir y reparar los efectos adversos en el medioambiente y en los derechos humanos resultantes de sus operaciones, de las de sus filiales, y de las operaciones en su cadena de actividades. El plazo de incorporación de la Directiva CS3D finaliza el 26 de julio de 2026 y afectará, de manera escalonada, a las sociedades a partir de 26 de julio de 2027 en función de su tamaño y volumen de negocio. Ver más

Greenwashing

En el apartado de Consumo incluimos una referencia a la nueva Directiva de greenwashing. Ver más

Finanzas Sostenibles

 En el apartado de Mercado de Capitales incluimos una referencia a las siguientes novedades:

• Reglamento sobre calificaciones ESG. Ver más
• Directrices de ESMA sobre denominación de fondos. Ver más
• Libro verde sobre finanzas sostenibles. Ver más

Fiscal

La novedad más relevante en este ámbito, la transposición de la Directiva del Pilar Dos, se materializa en un Proyecto de Ley que todavía se está tramitando en las Cortes Generales a la fecha de elaboración de esta publicación, aunque esperamos que su aprobación se produzca en la última quincena de 2024. Con ello, se pretende someter a los grandes grupos multinacionales (cuya facturación alcanza los 750 millones de euros) a un tipo mínimo del 15 % en todas las jurisdicciones en las que operen. Ver más

A principios del año 2024, el Tribunal Constitucional ("TC") resolvió una cuestión de inconstitucionalidad sobre el Real Decreto-Ley 3/2016 (RDL 3/2016), mediante el que se aprobaron medidas muy relevantes en el Impuesto sobre Sociedades ("IS"), que elevaron significativamente las cuotas para muchas empresas y grupos fiscales desde el ejercicio 2016. En concreto, la sentencia 11/2024, de 18 de enero, declaró nulas e inconstitucionales las siguientes medidas: (i) la imposición  de una reversión automática en quintas partes de los deterioros que hubieran sido fiscalmente deducibles, y (ii) para las empresas con un importe neto de la cifra de negocios superior a 20 millones de euros, el establecimiento de mayores límites en la compensación de bases imponibles negativas (del 25 % o 50 %) y en la aplicación de las deducciones por doble imposición (del 50 % de la cuota íntegra). Sin embargo, el propio fallo del TC limitó sus efectos a aquellas autoliquidaciones del IS que hubieran sido impugnadas a la fecha de dictarse la misma.  Ver más

Vinculado con esta declaración de inconstitucionalidad, en el Proyecto de Ley Pilar Dos, también está prevista la reintroducción de estas mismas medidas—con algunos pequeños cambios—, y con efectos para el IS del ejercicio 2024. Ver más

En cuanto a la tributación de los grupos fiscales en el IS, resaltamos dos cuestiones relevantes. La primera de ellas es que, en este 2024, la Dirección General de Tributos en varias de sus resoluciones ha acogido el criterio interpretativo de la AEAT en la aplicación de créditos fiscales de su nota informativa para los grupos de sociedades que tributan bajo el régimen de consolidación fiscal en el IS (ver más).  La segunda cuestión es la relativa a la extensión temporal al ejercicio 2024 y 2025 de la limitación del 50 % en el aprovechamiento de las BINS individuales generadas por las entidades que integran un grupo fiscal, medida también prevista en el Proyecto de Ley Pilar dos. Ver más

Asimismo, mediante el Real Decreto-ley 4/2024 se ha modificado la regulación de la reserva de capitalización del IS, con efectos para el ejercicio 2024, incrementándose el porcentaje aplicable (del 10 % al 15 %) sobre el incremento de los fondos propios y reduciéndose, con un régimen transitorio, el plazo de mantenimiento de estos. Ver más

Por último, destacamos la publicación de la resolución de la Dirección General de Tributos V2138-24, de 3 de octubre, pues en ella se pone fin a la controversia suscitada en los últimos años en torno a la relación entre la exención de dividendos y plusvalías y el régimen especial de transparencia fiscal internacional. En esta resolución se confirma que la limitación del 5 % en el importe apto para la exención no tiene implicaciones materiales en dicho régimen especial, por lo que no procederá la imputación de los dividendos y plusvalías que gocen de una exención total en otras jurisdicciones. Ver más

Fiscalidad de las Personas Físicas y Grandes Patrimonios

Mediante el Real Decreto-ley 8/2023 se prorroga la vigencia del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) más allá del ejercicio 2023 (ver más). No obstante, varias Comunidades Autónomas han adoptado medidas diversas en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio con la finalidad que dicha tributación acabe recayendo en la Comunidad Autónoma en lugar de en el Estado. Ver más

El Tribunal Económico Administrativo Central ha emitido varias resoluciones en 2024 que analizan el acogimiento al régimen de neutralidad fiscal de las operaciones de aportación a holdings familiares. Se trata de operaciones habituales en el seno de los grupos familiares dado que permiten centralizar la tesorería, la toma de decisiones o la realización de nuevas inversiones. Las resoluciones consideran, en el caso concreto analizado, que no procede aplicar el régimen de diferimiento dado que su finalidad es obtener una ventaja fiscal abusiva. Adicionalmente, y este es el aspecto más novedoso, establecen que la regularización debe realizarse a medida que se materialice la ventaja fiscal (a medida que se produzca el reparto de dividendos por parte de la sociedad operativa aportada a la entidad holding, beneficiaria de la aportación). Existen múltiples grupos familiares que podrían verse afectados por este criterio.  Ver más

Fiscalidad Indirecta e Impuestos Especiales

En 2024 se han producido avances en materia de digitalización de los procesos de facturación. En concreto, se ha aprobado la Orden HAC/1177/2024 por la que se aprueban las especificaciones técnicas que deberán cumplir los programas y sistemas informáticos de facturación por parte de aquellos empresarios y profesionales que no lleven sus libros registros a través de la sede electrónica de la AEAT, conocido como Proyecto Veri*factu (ver más). Sin embargo, está pendiente todavía de aprobación el Reglamento y orden ministerial relativos a la facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales (Operación B2B). 

En materia del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), hay novedades en la limitación, del art. 96 de la Ley del IVA, de la deducibilidad de las cuotas del IVA soportado por los gastos de representación y atención a clientes y a la que se acoge en ocasiones la inspección para negar la deducibilidad de este IVA soportado (ver más). Sin embargo, es dudoso que la precisión del art. 96 de la Ley del IVA sobre estos gastos sea acorde con la Directiva del IVA y más concretamente con la cláusula standstill. Ante las dudas que plantea ello, el Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE. Ver más

En relación con la reducción del 85 % de la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad para quienes desarrollen “actividades industriales” cuyas compras o consumo de electricidad representen al menos el 5 % del valor de la producción, el Tribunal Supremo ha fijado en 2024 una relevante doctrina casacional en cuya virtud se permite el disfrute de dicha reducción a cualquier empresa de elevado consumo energético, corrigiéndose así la doctrina administrativa que restringía su aplicación a las empresas que realizasen las actividades industriales clasificadas como tales en las divisiones 1 a 4 de la Sección 1ª de las Tarifas del IAE (actividades industriales en sentido estricto). Ver más

Resolviendo una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, el TJUE ha declarado en su sentencia de 30 de mayo de 2024 (asunto C-743/22, DISA Suministros y Trading, S.L.U.) que el tipo autonómico del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos exigido en España entre 2013 y 2018 carece de base legal en el Derecho de la Unión Europea (ver más). Ante la ilegalidad del gravamen, la posterior sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2024 (recurso de casación 1560/2021) ha fijado como doctrina casacional que el derecho a solicitar y obtener la devolución del impuesto indebido corresponde al obligado tributario que soportó legalmente en factura la repercusión del impuesto, siempre que este último no hubiese trasladado su importe, total o parcialmente, al comprador o al adquirente de los hidrocarburos cuando dicha traslación hubiese neutralizado los efectos económicos del impuesto. Las numerosas solicitudes de devolución del impuesto, que se estiman millonarias, serán cuestiones que deberá resolver por la Audiencia Nacional quien deberá aplicar la doctrina casacional del Tribunal Supremo en vista de las pruebas obrantes en cada expediente.

Fiscalidad Contenciosa

En 2024 se han planteado ante el TC dos nuevas cuestiones de inconstitucionalidad sobre el sistema de cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades (IS); sistema que incluye un pago fraccionado mínimo, para las empresas y grupos fiscales con una cifra de negocios superior a 10 millones de euros, y que fue introducido por el Real Decreto-ley 2/2016 (RDL 2/2016). Este RDL fue también declarado inconstitucional por la sentencia 78/2020. Sin embargo, la Administración tributaria (AEAT) sostiene que el vicio (declarado) de inconstitucionalidad fue subsanado para los pagos a cuenta del IS del ejercicio 2018 y siguientes, con lo que el análisis de estas dos nuevas cuestiones por el TC será de gran interés para los contribuyentes afectados, quienes pueden seguir impugnando sus autoliquidaciones de sus pagos a cuenta. Ver más

Por otra parte, y respecto a esta misma materia, en 2024 el Tribunal Supremo se ha pronunciado en dos sentencias favorablemente sobre la obligación por parte de la AEAT de satisfacer a entidades y grupos fiscales intereses sobre los intereses de demora por los pagos a cuenta liquidados (e impugnados) que se derivan de las medidas del RDL 2/2016. Ver más

Por otra parte, la nueva figura de la autoliquidación rectificativa, aprobada por la Ley 13/2023, de 24 de mayo, como forma de rectificación única de los errores que hayan podido cometer los contribuyentes en sus autoliquidaciones previas, requería un desarrollo reglamentario, que se aprobó en enero de 2024 con el Real Decreto 117/2024. Este Reglamento deja claro que los impuestos en los que operará esta forma de rectificación son: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), los Impuestos Especiales y el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Ver más

Sin embargo, la entrada en vigor efectiva de esta forma de rectificación requiere, a su vez, de la aprobación de las órdenes ministeriales por las que se aprueban los modelos oportunos, incluyendo la autoliquidación rectificativa. En 2024 se ha aprobado la Orden HAC/819/2024, de 30 de julio, mediante la que se adaptan en este sentido los modelos del IVA, siendo, por tanto, este tributo el primero respecto del cual el Ministerio de Hacienda ha implementado la autoliquidación rectificativa (ver más). En 2024 no se han adaptado los modelos tributarios de los otros impuestos afectados por esta nueva figura.

Facturación

Se ha aprobado la orden ministerial relativa a las especificaciones técnicas de los requisitos que deberán cumplir los sistemas y programas informáticos o electrónicos de facturación y la remisión de los registros de facturación a la Administración tributaria (ver más). Un gran número de empresas deberá adaptar sus sistemas, obligación que será compatible con la obligación de emitir, remitir y recibir las facturas en formato electrónico en las operaciones B2B (entre empresarios y profesionales), cuyo desarrollo reglamentario está pendiente de aprobación. Ver más

Inmobiliario y Urbanismo

Vivienda

En materia de vivienda, se han publicado los índices de referencia aplicables a los arrendamientos de vivienda en Cataluña (ver más) y se ha prorrogado, hasta mayo de 2028, la suspensión de los lanzamientos de deudores hipotecarios vulnerables. Ver más

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales varios preceptos de la Ley catalana 1/2022, de 3 de marzo, que establecían la obligación de ofrecer un alquiler social en determinados supuestos (p.ej. demandas de desahucio por el vencimiento del plazo del alquiler o por falta de título en procedimientos hipotecarios instados por grandes tenedores). Ver más

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los artículos de la Ley de Vivienda que permitían al Estado regular de forma pormenorizada algunas cuestiones de las viviendas protegidas (p.ej. la imposibilidad de descalificar las viviendas en determinados suelos o la fijación de un plazo mínimo para solicitar la descalificación) así como la aplicación de la regulación de vivienda protegida contenida en la Ley de Vivienda a aquellas viviendas, que antes de la entrada en vigor de la norma, todavía no habían obtenido la calificación definitiva como tales. Ver más

A nivel jurisprudencial, en un caso en que se escrituran una extinción de proindiviso con compra de cuota y, a continuación, una hipoteca, el Tribunal Supremo ha interpretado que, para que el art. 34 de la Ley Hipotecaria proteja (principio de fe pública registral) al tercero (un banco), en el momento de la adquisición del derecho real (la hipoteca) ha de constar previamente inscrito (o, al menos, anotado) en el Registro de la Propiedad el derecho del transmitente. Ver más

Urbanismo

La Comunidad de Madrid ha aprobado la Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida que permite implantar en los suelos vacantes de la red de servicios y de la red de equipamiento la red de viviendas públicas sujetas a régimen de protección. Ver más. Asimismo, ha suspendido el otorgamiento de licencias de viviendas de uso turístico en determinados casos (p.ej. en plantas bajas de edificios no residenciales o en edificios residenciales cuando su uso solo ocupe parte de la edificación). Ver más

Cataluña ha aprobado el Plan Sectorial de Vivienda que pretende que, en el año 2044, el 15 % de las viviendas de los municipios con fuerte demanda residencial estén destinadas a políticas sociales. Ver más

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las Zonas de Bajas Emisiones por no superar el juicio de proporcionalidad. Ver más

Laboral

Conciliación

El Real Decreto-ley 2/2024 ha modificado el art. 37.4 del Estatuto de los Trabajadores (ET) para permitir que el permiso de lactancia pueda disfrutarse mediante una hora de ausencia al día o una reducción de la jornada en media hora, o mediante la acumulación en días completos, a elección de la persona trabajadora, sin necesidad de pacto previo ni previsión en convenio colectivo como hasta entonces. Ver más

Diversidad

En aplicación de la Ley Trans y derechos LGTBI+, el 8 de octubre de 2024 se aprobó el Real Decreto-Ley 1026/2024 por el que se desarrolla el conjunto planificado de las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI en las empresas. Esta norma aporta seguridad jurídica y claridad sobre cómo deben las empresas de más de 50 personas trabajadoras implementar las medidas para la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI+, regulando los escenarios y plazos para la negociación y aprobación de los Planes LGTBI+ y los protocolos frente al acoso y la violencia de las personas pertenecientes a este colectivo. Ver más

Igualdad y transparencia salarial

El Tribunal Supremo resolvió, mediante dos sentencias de fecha 11 de abril de 2024, varios conflictos relacionados con el registro de planes de igualdad. Por un lado, permite la inscripción en el REGCON de los planes de igualdad elaborados y aprobados unilateralmente por la empresa en los casos en que no existe representación legal de la plantilla en todo o alguno de los centros de trabajo y no haya podido constituirse la comisión negociadora por incomparecencia de los sindicatos convocados. Ver más

Por otro, declara que opera el silencio administrativo positivo para las solicitudes de inscripción de los planes de igualdad cuando la empresa no haya recibido respuesta de la Administración en el plazo legalmente establecido (3 meses). Ver más

En materia de transparencia salarial, el Tribunal Supremo también ha dictado una sentencia en la que considera que el registro retributivo obligatorio, regulado en el art. 28.3 del ET, no debe contener los datos salariales individualizados de las personas trabajadoras. Ver más

Impacto del cambio climático en la relación laboral

En respuesta a las nuevas realidades climáticas, como la catástrofe natural causada por la DANA, el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, introduce importantes modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores, como el permiso retribuido de 4 días cuando existan limitaciones a la movilidad o riesgos asociados a un fenómeno climático adverso. Ver más

Negociación colectiva

El Real Decreto-ley 2/2024 ha potenciado el papel de la negociación colectiva autonómica, siempre que sea más favorable que el convenio colectivo estatal aplicable. Ver más

Extinción del contrato de trabajo

Extinción por incapacidad permanente El TJUE ha declarado que la extinción automática del contrato de trabajo por incapacidad permanente total es contraria al derecho de la UE, imponiendo al empleador la realización de ajustes razonables en otro puesto de trabajo para garantizar, siempre que sea posible, la continuidad en el empleo. Ver más

Mientras no se reforme el Estatuto de los Trabajadores, esta doctrina no resulta aplicable a las extinciones por declaración de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, por ser incompatibles con el trabajo, según la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de mayo de 2024. Ver más

Audiencia previa al despido disciplinario El Tribunal Supremo ha declarado, en una importante sentencia de fecha 18 de noviembre de 2024 que, por aplicación directa del art. 7 del Convenio 158 de la OIT, las empresas deben conceder un trámite de audiencia previa a la persona trabajadora antes de adoptar y comunicar la decisión de extinguir su contrato de trabajo por motivos relacionados con su conducta o rendimiento. Ver más

Indemnización adicional El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha opinado que el sistema español de indemnización tasada por despido improcedente no cumple con el art. 24 de la Carta Social Europea, lo cual suscita el debate sobre si nuestra legislación interna debe ser modificada. Está previsto que el Tribunal Supremo delibere sobre esta cuestión en las próximas semanas. Ver más

Seguridad Social

Desde el 1 de enero de 2024 se encuentra en vigor la obligación de dar de alta y cotizar por las prácticas externas remuneradas, con la correspondiente reducción del 95 % de las cuotas por contingencias comunes para todo tipo de prácticas. Ver más

Por su parte, la TGSS ha clarificado cómo deben cotizar las empresas durante el disfrute del permiso parental de 8 semanas regulado en los arts 45.1.o y 48 bis ET. Ver más

Trabajo en plataformas digitales

En 2024 se ha publicado la Directiva (UE) 2024/2831, que regula las condiciones laborales del trabajo a través de plataformas digitales, tal y como se definen en la propia Directiva. Los Estados miembros disponen hasta el 2 de diciembre de 2026 para transponerla a su ordenamiento jurídico interno. Ver más

Litigación

Eficiencia digital y procesal

El Real Decreto-ley 6/2023 (ver más), contenía medidas de eficiencia digital y procesal que comenzaron a aplicarse en 2024. Especialmente destacada fue la posibilidad de efectuar los primeros emplazamientos a las empresas de forma electrónica, que ha obligado a que las empresas hayan tenido que prepararse para recibirlos (ver más). Otras medidas introducidas por este Real Decreto-ley han sido la ampliación del ámbito de aplicación del juicio verbal, la inclusión procedimiento testigo en acciones individuales de condiciones generales de la contratación o la generalización de las vistas telemáticas.

Ley Orgánica del Derecho de Defensa

En diciembre de 2024 entró en vigor la Ley orgánica del derecho de defensa ("LODD"). En su regulación destaca la inclusión expresa de la imposibilidad de hacer valer en juicio las comunicaciones mantenidas exclusivamente entre los defensores de las partes con ocasión de un litigio o procedimiento (cualquiera que sea el momento en el que tengan lugar o su finalidad, incluso en fase extrajudicial), así como la carencia de valor probatorio de dichas comunicaciones (art. 16 LODD).

Normativa pendiente: eficiencia organizativa y “MASC”

Algunas medidas relacionadas con la eficiencia organizativa y procesal que habían sido anunciadas aún no han sido implementadas. Entre ellas destacan especialmente la transformación de los juzgados de primera instancia en tribunales de instancia y el requisito de procedibilidad consistente en haber acudido a los denominados "MASC" (métodos adecuados de solución de controversias) antes de la interposición de la demanda. No obstante, se encuentran en tramitación parlamentaria y es probable que se aprueben antes del final de este 2024.

Por otra parte, la Directiva 2020/1828/UE, relativa a acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores sigue pendiente de transposición al ordenamiento jurídico español. La regulación incluida en el Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios fue suprimido de dicha iniciativa durante la tramitación parlamentaria. 

Mercado de Capitales

Listing Act

En octubre, se aprobó un paquete normativo —conocido como el Listing Act — para simplificar el acceso a los mercados de capitales de la UE y hacerlos más atractivos, especialmente para las PYMES. Las principales medidas incluyen: (a) la reducción del requisito mínimo de difusión (free-float) previa admisión del 25 % al 10 %, (b) la actualización de la normativa de folletos y de abuso de mercado, y (c) la introducción de una regulación mínima armonizada para las acciones de voto múltiple a nivel comunitario. Ver más. Para escuchar nuestro Podcast aquí.

Reglamento sobre calificaciones ESG

El 12 de diciembre se publicó el Reglamento 2024/3005/UE cuyo objetivo es mejorar la transparencia y la integridad en las actividades de calificación (rating) sobre el grado de sostenibilidad de una empresa o un instrumento financiero en atención a su exposición a riesgos ambientales, sociales o de gobernanza. Ver más

Directrices de ESMA sobre denominación de fondos

ESMA ha establecido directrices para evitar el uso de términos engañosos relacionados con la sostenibilidad o los principios ESG en la denominación de los fondos. Los fondos nuevos quedaron obligados a cumplir con estas directrices desde el 21 de noviembre de 2024 mientras que los fondos existentes podrán ajustar su denominación, si fuera necesario, hasta el 21 de mayo de 2025. Ver más

Libro verde sobre finanzas sostenibles

El 28 de noviembre, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa aprobó un documento proponiendo acciones para impulsar la transición hacia una economía sostenible y lograr el objetivo de cero emisiones netas en 2050. Todo ello con el fin de apoyar al sector privado, especialmente a las PYMES, en este proceso de transición. Ver más 

Propiedad Industrial

Nueva regulación de los diseños industriales

En 2024, la UE ha culminado la reforma de la normativa sobre diseños industriales, tanto de los diseños de la UE como de los nacionales. La nueva regulación busca actualizar el marco legal teniendo en cuenta la evolución de las tecnologías, así como simplificar el sistema, hacerlo más accesible, más eficiente y dotado de mayor seguridad jurídica. Por una parte, se ha aprobado el Reglamento (UE) 2024/2822, de 23 de octubre de 2024, que modifica el vigente Reglamento (CE) 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios. La reforma del reglamento será aplicable a partir del 1 de mayo de 2025, salvo para determinados artículos, cuya aplicación empezará el 1 de julio de 2026. Por otra parte, se ha publicado la Directiva (UE) 2024/2823, de 23 de octubre de 2024, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (versión refundida), cuyas normas de transposición al derecho nacional deberán entrar en vigor a partir del 9 de diciembre de 2027 a más tardar. Ver más

Reestructuraciones

Tendencias judiciales de interpretación de la reforma concursal

Las resoluciones judiciales durante el año 2024 han marcado la tendencia del mercado de las reestructuraciones en España en el segundo año de aplicación de la reforma de la Ley concursal introducida por la Ley 16/2022. Entre las cuestiones más señaladas, destaca el aumento de la falta de consensualidad en la promoción de planes de reestructuración, o la mayor revisión judicial de la solicitud de homologación sin contradicción previa. Pero, sobre todo, la revisión de los criterios sobre la corrección de la formación de clases de créditos y el perímetro de afectación ha sido insistente, con varias resoluciones estimando las respectivas impugnaciones u oposiciones en el trámite de contradicción previa y declarando la ineficacia del plan de reestructuración; así ha sido en los casos de la SAP 86/2024 de Valencia (9ª), de 27 de marzo (Das Photonics), la SJMerc 226/2024 de Barcelona (nº 11), de 23 de julio (Move Art Mission), la SJMerc 95/2024 de Pontevedra (nº 3), de 16 de octubre (Comercial Pernas), o la SAP 1122/2024 de Barcelona (15ª), de 16 de octubre (Grupo Ecolumber).

Puede consultarse un estudio detallado sobre la evolución judicial del segundo año de aplicación práctica de la reforma en nuestra Guía. Ver más

Sociedades

Fin de la “moratoria societaria”

Al cierre del ejercicio 2024 finaliza la llamada "moratoria societaria", aprobada con ocasión de la COVID-19, en relación con la causa de disolución obligatoria por pérdidas graves prevista en la Ley de Sociedades de Capital. Para evitar la responsabilidad por deudas del art. 367 LSC, los administradores deberán verificar si concurre tal causa de disolución computando las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021, y en su caso, convocar junta general en el plazo de dos meses para que acuerde remover la causa de disolución o, en su caso, disolver la sociedad.

Paridad

El 22 de agosto de 2024 entró en vigor la Ley de Paridad que impone nuevas obligaciones, entre otros, a las sociedades cotizadas (ver más) y a determinadas entidades de interés público (ver más) que afectan a la composición de sus consejos de administración y a la alta dirección. 

Comisiones de Auditoría 

El 27 de junio de 2024 la CNMV publicó la Guía Técnica 1/2024 sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público. La mayor novedad de la guía respecto de la versión del año 2017 está en el tratamiento y papel que se recomienda que tenga la comisión de auditoría respecto de la información de sostenibilidad y sus riesgos asociados.

Acciones de voto múltiple

La Directiva 2024/2810/UE —que deberá ser incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno a más tardar el 5 de diciembre de 2026— obliga a los Estados miembros a reconocer, al menos, el derecho de las sociedades que soliciten la admisión a negociación en un sistema multilateral de negociación por primera vez a adoptar estructuras de acciones de voto múltiple, siempre que cumplan con determinados requisitos y salvaguardias. Ver más