Acuerdo de Escazú

Con fecha 31 de mayo de 2022, el Congreso aprobó la adhesión de Chile al “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” y su Anexo 1, adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 (el “Acuerdo”).

El Acuerdo entró en vigencia con fecha 22 de abril de 2021, al cumplirse las 11 ratificaciones necesarias para ello y, en la actualidad, los Estados Parte alcanzan a 24 en la región. Chile se convertirá en el Estado Parte número 25 en firmar el Acuerdo una vez transcurridos 90 días desde que el mandatario oficialice la adhesión a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Se trata del primer y único tratado internacional ambiental de América Latina y el Caribe, cuyo fin principal es garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

El Acuerdo es el primero en contemplar disposiciones explícitas de protección para los activistas o defensores de derechos humanos en materias ambientales. Además, fue elaborado por y para América Latina y el Caribe, reconociendo las circunstancias y desafíos propios de cada país de la región a través de un proceso de negociación con modalidades de apertura, transparencia e inclusión.

El Acuerdo crea una plataforma y es un instrumento internacional a través del cual Chile podrá cooperar con los demás países de la región, compartir las buenas prácticas y potenciar una política ambiental para enfrentar la crisis climática en conjunto. Serán los Estados Parte los que deberán definir cómo y cuándo materializar los estándares que contempla el Acuerdo en cada una de sus legislaciones respectivas.

El Acuerdo viene a ser un instrumento más entre aquellos ya contemplados por nuestro ordenamiento jurídico actual, que según indicó el Congreso, “recoge, en parte importante, las exigencias previstas en el Acuerdo, destacando en este sentido la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente; la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; la ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública y la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales, entre otras.”.